Burzaco reconoció errores en la selección del personal

El jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, admitió ayer, en la Legislatura, "errores” en la incorporación de personal con antecedentes penales a la fuerza de seguridad que el macrismo puso en marcha en la Ciudad, y confirmó la baja de nueve agentes de alto rango con procesamientos firmes.

"Se pueden haber cometido errores, pero estoy abierto al diálogo para regenerar la fuerza”, dijo Burzaco en el marco de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, convocada para explicar los requisitos impuestos para ingresar a la Metropolitana y responder acerca de algunas polémicas designaciones de altos jefes.

En ese marco, confirmó la baja de nueve efectivos de la fuerza porteña que tenían procesamientos firmes en la Justicia, entre ellos, Miguel Colombo, un ex agente de la Federal acusado por amparar prostíbulos en una causa que data de 1999.

Asimismo, se diferenció de su antecesor en la Metropolitana y actualmente detenido, Jorge "Fino” Palacios, -de la mano de quien llegaron los efectivos desplazados- al señalar que él "no hubiera nombrado” a esos agentes porque, a su entender, un procesamiento judicial debe representar "un limitante” para la incorporación de agentes.

La visita de Burzaco, invitado por el legislador Martín Borrelli, intentó quitar del centro de la escena el requerimiento de los bloques de la oposición para interpelar al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, en torno a los casos de escuchas telefónicas realizadas por un contratado del Gobierno de la Ciudad que investiga la Justicia Federal.

Sin embargo, varios legisladores consideraron que la exposición de Burzaco, que se extendió por unas cinco horas, no alcanzó a dar las explicaciones "necesarias” en torno las denuncias que vinculan a los ex jefes policiales con casos judiciales.

"Quien debiera estar sentado frente al recinto es Montenegro porque echamos al agente que protege los prostíbulos, pero sostenemos a quien nombró a Ciro James y mintió a toda la sociedad cuando dijo que era sólo una aspirante a la Metropolitana y defendió una asociación ilícita”, arremetió el legislador Aníbal Ibarra.

Para Ibarra, "la presencia de Burzaco es el precio que paga el macrismo para proteger al ministro de Seguridad que es quien debería estar sentado frente a todo el cuerpo legislativo. En cuatro horas dio una exposición irreal y fantasiosa”.

Por su parte, el legislador Francisco "Tito" Nenna, de Encuentro Popular para la Victoria, consideró la necesidad de que el ministro Montenegro sea interpelado por la Legislatura dado que "las respuestas del titular de la fuerza no conformaron a nadie".

El titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, admitió también que "una flamante fuerza policial tiene imperfecciones”, pero aclaró que se irán "corrigiendo porque asumimos el compromiso de hacer una institución confiable, preventiva, competente, sólida y de proximidad con la participación ciudadana”.

En tanto, el diputado de Nuevo Encuentro, Gonzalo Ruanova, sostuvo que la purga efectuada en la Policía Metropolitana, con la baja de nueve jefes policiales, fue "sólo para evitar otro escándalo” y exhortó a "transparentar el organigrama de la conducción de la nueva fuerza”.

Asimismo, el legislador porteño Marcelo Parrilli denunció, ante Burzaco que un actual auditor externo de la fuerza de seguridad prestó servicios, durante la última dictadura militar, de la Superintendencia de Seguridad Federal.

"Gustavo Morón ingresó durante la dictadura militar a la Superintendencia, que fue el organismo clave en el sistema de terrorismo de Estado que llevó adelante muchos procedimientos”, precisó el legislador del bloque MST-Nueva Izquierda.

En ese marco, el legislador agregó que "en 1981, ese grupo realizó un allanamiento en el Centro de Estudios Legales y Sociales, donde fue detenido su presidente y otras personas, entre ellas, yo”.