Ordenan la detención de ocho represores
El juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, dictó ordenes de detención y llamado a prestar declaración indagatoria para ocho militares retirados vinculados en causas por delitos de lesa humanidad.
Las investigaciones involucran las detenciones del actual gobernador José Luis Gioja, el senador nacional Cesar Gioja, un periodista, un juez de la Corte provincial, gremialistas, docentes y militantes de izquierda.
El magistrado ordenó la detención de los militares retirados Jorge Antonio Olivera, Osvaldo Benito Martel, Daniel Rolando Gómez, Jorge Horacio Paez, Gustavo Ramón de Marchi, Carlos Luis Malatto, Eduardo Daniel Cardozo y Juan Francisco Del Torchio, algunos de los cuales ya están detenidos por otras causas.
Se trata de "habeas corpus y denuncia por presunta privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales, vejaciones y robo en perjuicio de varias personas, ocurridas entre el 24 de marzo de 1976 y el 31 de junio de ese año".
En conferencia de prensa, el juez precisó que "Páez, De Marchi, Malatto, Cardozo y Del Torchio ya hicieron su presentación a través de oficios librados por sus abogados y declararían el lunes" y que Daniel Rolando Gómez se presentó anoche a la justicia con su abogado, Eduardo San Emeterio, y quedó detenido.
Los recursos de Habeas Corpus investigados corresponden a "Hugo Ricardo Bustos, María Cristina Anglada, Luis Boscosqui Vidal y Guillermo Jorge Guillbert", según informó el juez.
Entre las víctimas del terrorismo de estado que el magistrado investigara, las causas por denuncias del actual gobernador José Luis Gioja, el senador nacional Cesar Gioja, el escribano Fernando Mó, los gremialistas Enrique Faraldo de la Alimentación y Edgardo Fábregas de UPCN, el periodista Daniel Illanes y el actual ministro de la Corte de Justicia local, José Abel Soria Vega.
En esos casos, el juez Rago Gallo investiga "denuncias por los delitos de presunta privación ilegitima de la libertad, apremios ilegales, vejaciones y robo".
El gobernador José Luis Gioja, al momento del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, se desempeñaba como secretario privado del entonces gobernador justicialista, Ely Prospero Camus y fue detenido y conducido al ex edificio de la Legislatura Provincial, debajo de las tribunas oficiales del Estadio Abierto del Parque de Mayo.
La investigación también alcanza a las causas por privación de la libertad y tormentos agravados en perjuicio de "Adolfo S. Andino, Jorge Frías, Domingo Morales, Adolfo Rafael Avila, Marcelo Eduardo Garay, Carlos Aliaga, José Casas, Juan Carlos Salgado, Juan Luis Nefa, Carlos Roberto Gimenez, Carlos Enrique Yanzón y Juan Carlos Rodrigo".