Arriola negó que el decreto viole la ordenanza
El Secretario de Gobierno Walter Arriola negó que el decreto reglamentario de la ordenanza de espectáculos públicos viole la norma original sancionada por el concejo deliberante el año pasado, y se comprometió a llevar las inquietudes de los ediles al ejecutivo para informar a la brevedad si se realizarán modificaciones o se ratificará lo sancionado.
Los concejales cuestionaron fuertemente la legitimidad del decreto, y señalaron que el ejecutivo se había excedido en sus funciones, legislando en lugar de reglamentar la ordenanza. Además agregaron que se violaron los términos de la ordenanza original, y catalogaron de “abusiva” y “discrecional” la nueva norma.
En éste sentido los concejales señalaron que la ordenanza fue fruto de más de un año de trabajo de comisión, y que se había logrado la aprobación por unanimidad, lo que no fue respetado por el ejecutivo, quien modificó los términos y valores de la norma sin los procedimientos que corresponden para hacerlo.
Principalmente se cuestionó que se vuelvan a permitir la existencia de las wiskerías, y que se ponga sobre el organizador o el dueño del local la responsabilidad sobre las edades de admisión cuando la ordenanza especifica para cada tipo de establecimiento las edades permitidas.
Otros puntos específicos que se estipulaban en la ordenanza original y que resultan modificados en la nueva norma son la estipulación de un tope en el horario de ingreso a los boliches, la creación de una nueva categoría de “habilitación especial”, o la posibilidad de abrir un local sin la habilitación de bomberos.
El Secretario de Gobierno se hizo presente ayer en la comisión de Legislación General del concejo deliberante, acompañado del Subsecretario General, Javier Pueyrredón, y la Directora de Habilitación y Negocios, María Fernanda Sánchez.
Si bien los concejales realizaron diversas preguntas específicas relativas a artículos puntuales del decreto reglamentario donde se realizarían modificaciones, Pueyrredón declaró repetidamente que no estaba en condiciones de responder aquellas preguntas, y que ésa era información que la tenía el personal de otras áreas, ya que la norma es compleja y fue elaborada por la coordinación de diversos especialistas.
“Nuestra función es operativizar, implementar la ordenanza, y vinimos a responder cuestiones relacionadas a eso” expresó el Subsecretario. El Secretaio General por su parte expresó que quien había sancionado el decreto, en todo caso, era el intendente, y que de hecho tenía facultades de hacerlo.
Además manifestó que en su opinión la reglamentación estaba bien realizada y que no violaba ni legislaba sobre la ordenanza. “No es que haya primado el espíritu de violar la norma, sino que ha primado la idea de preservar la tranquilidad de los padres cuando sus hijos salen a divertirse. Y ha primado también la necesidad de que hayan ganarías suficientes a la hora de salir” aclaró el funcionario.
Luego agregó que "si tienen dudas específicas sobre todos los puntos de la reglamentación nos pueden plantear por escrito sus dudas, y entonces se las contestaremos como corresponde".
Por su parte el concejal Miguel Siciliano, del Movimiento Acción Vecinal expresó que darán un plazo de 15 días al ejecutivo para que realice las modificaciones necesarias al decreto, o para que informe si lo deciden mantener como está, y que de ser así desde su bloque hablarán con el resto de los concejales para pedir que se derogue la norma, y elaborarán una nueva reglamentación desde el concejo.
Asimismo el concejal Marcelo Cossar de
La concejal Susana Frosi, del Frente Cívico y Social, quien el año pasado se desempeñó como presidenta de la comisión de Espectáculos Públicos, denunció la demora del ejecutivo para elaborar la reglamentación. “Desde el mes de enero preguntábamos por el decreto y no aparecía, recién en marzo nos presentan un decreto que debilita visiblemente la ordenanza” manifestó.
Por otra parte los concejales giacoministas trataron de poner paños fríos al asunto, expresando el concejal Gustavo Barrionuevo que también era necesaria una autocrítica, porque si se aplicaba la ordenanza original gran cantidad de locales en la actualidad no podrían funcionar. Además señaló que “había que dejar los egos de lado y reconocer que a veces se deben hacer algunas revisiones”.
En el mismo sentido se expresó la edil Sandra Trigo, quien buscó conciliar diciendo que en la actitud de admitir la modificación de los términos de la reglamentación “podemos ir concluyendo en que hay voluntad política por parte del ejecutivo”.