La Nación deberá pagar las indemnizaciones
El Estado Nacional deberá pagar las indemnizaciones por los destrozos que ocasionó las explosiones de la Fabrica Militar de Rio Tercero en 1995, según ordenó la justicia.
La decisión fue tomada por la sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal al confirmar un fallo de primera instancia en varias causas iniciadas por dos petroquímicas y una aseguradora que reclamaron por los daños sufridos.
La voladura de la Fábrica Militar de armas de la ciudad cordobesa, ocurrida el 3 de noviembre de 1995, provocó 7 muertos y la rotura de cientos de construcciones civiles e industriales.
El hecho, caratulado en la investigación como estrago culposo simple, tiene un juicio penal pendiente en el se encuentra procesado, entre otros, el ex presidente Carlos Menem.
También están procesados funcionarios del área de Defensa en ese entonces ya que se sospecha que se trató de una explosión provocada para ocultar el faltante de armas y municiones exportados ilegalmente a Croacia y Ecuador.
La demanda fue entablada por las petroquímicas Atanor y Petroquímica Rio Tecero, proveedoras de insumos para la fábrica militar siniestrada y por la asegurdora Tradición Seguros, que pagó la destrucción de un barrio lindante.
"No puede obviarse que en el expediente que se instruye en sede criminal, los involucrados no son ajenos a la empresa estatal; sino que se trata de dependientes por cuyas acciones u omisiones de todos modos el Estado debería responder", establecieron en su resolución los jueces Alfredo Gusman, Ricardo Guarinoni y Santiago Kierman.
En la causa, el Estado argumentó que las explosiones podrían haberse originado por un factor externo, que lo eximía de responsabilidad, pero los camaristas lo desestimaron y resaltaron las "alarmantes condiciones de inseguridad y de prevención en el mantenimiento de la fábrica", según se desprende de la investigación.
"A esta altura, no pueden caber dudas de la responsabilidad de la demandada, máxime atendiendo al carácter del material que se producía en la planta, que debió llevar a la Dirección General de Fabricaciones Militares a extremar los recaudos de protección y precaución", añadieron.
Con posterioridad a la primera explición el 24 de noviembre de 1995 hubo una nuevo estallido de proyectiles realmacenados por el ejercito tras su rescate.
Para dar otro argumento a favor de la responsabilidad del Estado en la tragedia, los jueces se valieron de los decretos firmados por el ex presidente Carlos Menem en 1995 y 1997, que establecieron un 'resarcimiento' para las víctimas de los luctuosos sucesos".
Las indemnizaciones que deberá abonar el Estado son millonarias pero el monto preciso deberá calcularlo el juez de primera instancia, tomando en cuenta los intereses devengados desde la fecha del siniestro.