Bignone decretó la autoamnistía

Reynaldo Benito Antonio Bignone quiso garantizar que la democracia no pudiera juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y en su retirada sancionó varios decretos que culminaron en una "autoamnistía".

Elegido el 2 de junio de 1982 por el generalato tras la derrota en la guerra de Malvinas, Bignone se propuso administrar una salida "democrática" que debía iniciarse en 1984, pero debió adelantarla un año a fuerza de protestas generalizadas.

En esa transición sancionó, el 23 de marzo de 1983, la ley 22.924, bautizada de inmediato como "autoamnistía" pese a un pretendido equilibrio que declaraba "extinguidas" las acciones penales emergentes de actos "terroristas o subversivos".

La norma decretaba la caducidad de toda persecusión penal de los delitos generados desde el Estado y las fuerzas armadas "cualquiera hubiera sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado".

Estableció que esa prescripción alcanzaba "a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes y a los delitos militares conexos".

Un mes después, Bignone firmó el decreto 2726/83 de destrucción de documentos de la represión, de modo que no quedaran archivos que constituyeran pruebas del terrorismo del Estado.

Y así como casi no quedaron sobrevivientes de los 5.000 detenidos ilegales que pasaron por Campo de Mayo cuando era uno de sus jefes, acompañó esa orden con un "documento final sobre la lucha contra la subversión y el terrorismo" en el que se declaró muertos a los desaparecidos.

Luego de recibir de Bignone el mando el 10 de diciembre de 1983, el presidente electo Raúl Alfonsín remitió al Congreso la derogación de la autoamnistía, primera ley votada tras la restauración democrática y base del posterior juzgamiento de los delitos de lesa humanidad registrados por la Conadep.