Aconsejan no reformar el Código Penal
Funcionarios judiciales y especialistas en derecho desaconsejaron ayer promover una reforma del Código Penal con el objetivo de darle mayor impulso al tratamiento de delitos de lesa humanidad por entender que esa opción podría perjudicar los procesos en trámite.
"El gran problema está dentro del Poder Judicial y no afuera; no queremos que este proyecto sirva como atajo a un discurso sobre falta de herramientas" que se esgrime desde ese cuerpo, expresó el titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento por Violaciones a los Derechos Humanos, Jorge Auat.
Auat, junto con el coordinador de la Unidad Fiscal de la Procuración General de la Nación, Pablo Parenti, y el abogado Carlos Beraldi, participó ayer de la reunión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que conduce la peronista Sonia Escudero.
"No creo necesario una reforma ahora con procesos en trámite porque traería tal vez más perjuicios que beneficios y es necesario cuidar la legitimidad de los procesos", reflexionó Parenti.
Beraldi coincidió en cuanto a que deben "tomarse las herramientas que ya existen" para solucionar las demoras en el avance de las causas que investigan delitos de lesa humanidad.
"Los proyectos legislativos elaboran pautas pero no me parecen suficientes y pueden quedar lejos de satisfacer las necesidades que existen", opinó.
El especialista en derecho recomendó "tomar las herramientas que ya existen" y apuntar al "robustecimiento del principio acusatorio; a darle mayor actividad a los fiscales en materia probatoria" y, por ejemplo, que "puedan tomarle declaración a los imputados".
A su entender, una opción podría ser concentrar "todas las investigaciones en cabeza de los fiscales y que ellos fijen un criterio de acumulación y una estrategia del caso".
Auat aludió a cierta falta de voluntad de los jueces a impulsar los procesos contra represores y juzgó que se percibe cierta "discriminación" en el tratamiento de esas causas y no descartó "posiciones ideológicas" que contribuyen a tal situación.
Durante el encuentro se analizó el alcance de un proyecto del senador Ernesto Sanz, que postula que las reglas del Código Procesal Penal se apliquen a causas por delitos de lesa humanidad cometidos antes del 10 de diciembre de 1983.
En la reunión los fiscales detallaron que existen alrededor de 600 procesados, de los cuales 400 están detenidos, y un número cercano a las dos mil víctimas de este tipo de delitos en todo elpaís.
La comisión acordó continuar el análisis de la iniciativa en las próximas reuniones.