Avanza el FO.MU.DI
En la comisión de Legislación Social debatieron sobre el Fondo Municipal para la Discapacidad (FOMUDI) que tendrá por objeto financiar proyectos municipales e institucionales que tiendan a favorecer la inclusión de personas en situación de discapacidad.
Con la presencia de varias organizaciones sociales (entre ellas Apadim, Alpi, Navidad) ayer por la mañana se comenzó a debatir la iniciativa. En principio todos los bloques estuvieron de acuerdo con el espíritu del proyecto, y quedó en estudio para poder seguir profundizando en los detalles del mismo, como así también quedó coordinada para la semana que viene la visita de un inegrante del Instituto Nacional Contra La Discriminación la Xenofobia y El Racismo (INADI).
Asimismo se contó con la presencia de la Directora de Discapacidad de la Provincia, la Arquitecta Patricia Arraigada, quien manifestó su apoyo total a la iniciativa y la felicitación a los autores. Además sugirió la utilización del fondo para fomentar un Plan Estratégico de Accesibilidad Local, ya que hacer una ciudad accesible para éstas personas requiere inversión, y "de éste modo se daría también un mayor valor al fondo" explicó la funcionaria.
Arraigada explicó que la discapacidad en sí consiste en la ruptura del individuo con su entorno, por lo cual resultaría clave el fomento de la eliminación de éstas barreras, tanto en lo social, lo edilicio, entre otras cosas. "Es increíble como se ve disminuida la discapacidad cuando el entorno es propicio" expresó la funcionaria.
El proyecto de ordenanza fue presentado por la concejal María Virginia Pagnanini del bloque Social por Córdoba, y abarcaría la inserción social en las dimensiones educativa, laboral, deportiva, incluso el tratamiento médico y de rehabilitación, como así también la inclusión a nivel de esparcimiento y recreación.
Asimismo, la autoridad de aplicación sería la Dirección de Discapacidad, que en la actualidad depende de la Secretaría de Desarrollo Social y Empleo, de la Municipalidad.
En este sentido Paganini explica que toda la ciudadanía y el Estado principalmente, tienen que estar comprometidos en generar una ciudad con accesibilidad e igualdad de oportunidades para todos sus habitantes, sin importar sus capacidades motrices mentales o sociales, y que “la forma de hacerlo, es generando elementos que nos permitan que dichas políticas sean ejecutadas con los recursos necesarios para su efectiva realización”.
Fondo para la identidad
Por otra parte se abordó el proyecto que propone la creación de un Fondo de Reconstrucción de la Identidad de niños y niñas secuestrados o nacidos en cautiverio. La iniciativa fue presentada por el concejal independiente Fernando Masucci, quien expresó que el objetivo que se persigue es que se tenga la postura de invertir para ayudar a las Abuelas de Plaza de Mayo.
El edil aclaró que no se trata de un subsidio, sino que sería un fondo donde aportaría el Estado y las donaciones que se generen, y las Abuelas de Plaza de Mayo lo administrarían y luego rendirían cuentas sobre su uso. Además propuso invitar a representantes de la Organización para que se hagan presentes la semana que viene en la comisión y den su postura sobre el proyecto.
Los concejales estuvieron de acuerdo con la iniciativa en general, como así también con la idea de convocar a las Abuelas. La concejal Pagnanini además agregó que el Fondo además extendería su beneficio a todos los padres que busquen a sus niños, y que entonces "esto sería acompañar a estas políticas publicas que ayudan a los sectores más vulnerables".
Además el concejal Oscar Arias del Frente Cívico y Social sugirió la posibilidad de cambiar la redacción del proyecto para que sea un fondo permanente y no sólo del año 2010.
Tolerancia O
También se abordó un proyecto de Repudio a la Tolerancia O que el gobierno de Mauricio Macri está llevando a cabo en la ciudad de Buenos Aires con las reformas del Código Contravencional.
La iniciativa del concejal Arias busca rechazar la criminalización de los trabajos informales (como son los limpiavidrios, cuidacoches, naranjitas, reparto o mensajería a domicilio, entre otros) y defender a estas personas que trabajan informalmente "como estrategia de subsistencia, dada su situación de vulnerabilidad social”.
Al presentar el proyecto el concejal expresó que la propuesta de Macri implica naturalizar los problemas que se generan justamente por la inacción del Estado, y que esta instancia nos permite a su vez reflexionar sobre lo que nos pasa como ciudadanos.
Los concejales estuvieron de acuerdo con el proyecto y a pedido de la concejal Pagnanini se analiza la posibilidad de especificar más la redacción, ya que se habla de "políticas estatales" en general, y en principio el repudio va dirigido al gobierno de la ciudad de Buenos Aires por generar este tipo de políticas mediante programas concretos. "Me parece que Córdoba genera políticas con tendencias totalmente diferentes, y también hay que reconocer eso" explicó la edil del bloque Social por Córdoba.
El proyecto surgió luego de que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, presentará un proyecto de modificación al Código Contravencional de ésa ciudad, con el fin de penar a éstos trabajadores, y también a quienes manifiesten en marchas públicas con la cara cubierta.
Además la medida autorizará a la Policía Metropolitana el uso de las renombradas Taser-X26, pistolas eléctricas que producen una descarga de 50.000 vatios en la persona a la que se le aplica.
En contraposición a éste tipo de proyectos, Arias expresa que “dichas políticas se sustentan sólo en la prohibición de esas actividades y en la represión y castigo de los trabajadores que se encuentran junto a sus familias en situación de vulnerabilidad social, por estarles impedido el acceso a derechos inalienables y reconocidos constitucionalmente como son la educación, salud, vivienda y trabajo”.
Luego agrega que justamente éstos derechos deben estar garantizados por aquellos que poseen el poder político y económico y que son los mismos que imponen y ejecutan esas políticas represivas.
Además el concejal expresó que en su opinión el camino correcto no es ocultar mediante la represión a éstos ciudadanos, sino que se debe realizar una política de Estado que posibilite su inclusión social mediante el reconocimiento del derecho constitucional a trabajar en forma digna y estable.
Por otra parte Arias reconoció que la Municipalidad de Córdoba, en los últimos años, creó y reguló cooperativas de trabajo para ayudar a éstos trabajadores, y citó el caso de los cuidacoches, a quienes se benefició “otorgándoles zonas de trabajo, un carné oficial y ordenándolos en torno a consignas de trabajo claras como la que implica cobrar una tarifa accesible”.