Ratifican la denuncia contra los jueces vinculados a la entrega de niños en adopción
La secretaria de Derechos Humanos de Buenos Aires, Sara Derotier de Cobacho y María Isabel "Chicha" Chorobik de Mariani, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, ratificaron ayer a la mañana su denuncia contra jueces que intervinieron en la entrega de niños en adopción durante la última dictadura militar.
Las mujeres ratificaron ante el juez federal Norberto Oyarbide su denuncia contra el integrante de la Cámara Nacional de Casación Penal, Wagner Gustavo Mitchell; el juez del Tribunal Oral en lo federal Seis, José Martínez Sobrino y ex magistrado José Domingo Allevatto.
Ambas mujeres, junto a Mirta Baravalle, Elsa Pavón y Rosita Isabella Valenzi también denunciantes, concurrieron a los tribunales de Comodoro Py, de esta Capital, en compañía del abogado Alejo Ramos Padilla, quien las patrocina en la denuncia contra los magistrados.
En diálogo con Télam, Ramos Padilla reveló que también le pidieron a Oyarbide la "intervención de los tres juzgados de menores donde se tramitaban expedientes por abandono a través de los cuales se podrían haber consolidado las privaciones de la identidad de un centenar de niños nacidos cuando sus madres estaban en ilegal cautiverio".
"Uno de los magistrados (Martínez Sobrino), que lleva adelante el proceso conocido como 'practica sistemática de robo de bebes', ha participado en los hechos delictivos que pretende juzgar y se ha mantenido en silencio durante más de un año disponiendo de la prueba que da cuenta de su participación en esos hechos", se afirmó en uno de los párrafos de la denuncia.
En el escrito, también extienden el pedido de investigación al abogado Allevato quien "se desempeñó como titular de la Secretaria tutelar del referido juzgado" a cuyo cargo estaba Mitchell y donde Martínez Sobrino actuaba como secretario notarial y que entregó en adopción al hijo de una mujer desaparecida.
"Al margen de la necesaria intervención que oportunamente tendrá el Consejo de la Magistratura es necesario que se adopten los recaudos para evitar que el magistrado denunciado siga disponiendo de la pruebas que lo comprometen y eventualmente se produzcan otras sustracciones o destrucciones de documentos de indiscutible eficacia probatoria", afirmaron.