Confirman el procesamiento de Zanola
La Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento con prisión preventiva del titular del gremio de los bancarios, Juan José Zanola, como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada a la comercialización ilegal de medicamentos que defraudó a la administración pública.
Fuentes judiciales dijeron que por el mismo supuesto delito el tribunal confirmó el procesamiento con prisión preventiva del dueño de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, y como supuestos "organizadores", los de la mujer de Zanola, Paula Aballay; su colaboradora Susana Fionna; Carlos Torres, socio del primero y de Miguel Cosme De Marco, ex funcionario de la ANMAT.
Al ratificar las medidas dictadas en primera instancia la Sala II de la Cámara concluyó que "existió un acuerdo de voluntades permanentes tendientes a lucrar indebidamente con la comercialización de medicamentos".
Otros 20 involucrados en la causa, cuyos casos llegaron en apelación a segunda instancia, fueron beneficiados con "faltas de mérito" o modificación del procesamiento, lo que posibilitó que se decretara su libertad.
En su resolución el tribunal ordenó a Oyarbide sistematizar la pesquisa, tras considerar que el magistrado realizó una "labor investigativa desordenada" con una "metodología zigzagueante" en un sumario que, con más de 30 causas conexas, incluyó alrededor de 70 allanamientos en esta ciudad y territorio bonaerense.
La Sala II señaló que si bien se avanzó sobre quienes fueron algunos de los presuntos responsables, falta determinar cual fue el destino y el monto de lo defraudado a la administración pública.
Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah quieren que Oyarbide averigüe cómo fue que los medicamentos que debían ser entregados en forma gratuita ingresaban al circuito comercial y se vendían previo a borrarle los sellos que identificaban su prohibición de comercialización.
Los camaristas encomendaron al juez profundizar la pesquisa para dar con quienes adulteraban los medicamentos, especialidades de alto valor en el mercado, que en su mayoría superaban los 10.000 pesos por unidad.
El tribunal anuló la resolución de Oyarbide por la que Aballay aparece vinculada a operaciones de blanqueo de dinero, pero mandó intensificar la búsqueda de quienes surgen como posibles involucrados en las maniobras de "lavado", aunque no hayan intervenido en la venta o adulteración de medicamentos.
La causa tiene como "centro" la actividad desplegada por la Obra Social Bancaria y varias droguerías, entre ellas San Javier, a la que se responsabilizó por la venta de medicamentos adulterados y defraudación al Estado con el cobro indebido de reintegros.