Pretextos

Garzón podría ser suspendido cautelarmente de sus funciones como juez de la Audiencia Nacional en los próximos días, después de que el Tribunal Supremo considerase procedente juzgarle por su fallida investigación de la guerra civil española y los crímenes del franquismo. Una resolución que Garzón recurrió el pasado sábado, en su último intento posible por eludir el banquillo de los acusados.

Garzón está acusado de prevaricación, el delito de dictar a sabiendas una resolución injusta, y de ser condenado, se enfrenta a una pena que oscila entre los 10 y 20 años de inhabilitación, lo que supondría el punto final para su rutilante carrera judicial.

En el acto, convocado por los sindicatos mayoritarios españoles UGT y CCOO - ambos de izquierda -, los líderes sindicales calificaron de "vergüenza histórica" el juicio que se quiere seguir contra el magistrado.

En un manifiesto de apoyo, expresaron su "rechazo, estupor e indignación por la persecución de un hombre digno y cabal" y denunciaron que se pretendan dejar en la impunidad los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), que Garzón quería investigar al considerarlos delitos de lesa humanidad.

"Los impedimentos jurídicos que se sostienen por algunos para hacer inviable la causa de los crímenes contra la humanidad del franquismo hubieran hecho imposible, también, el Proceso de Nuremberg contra los criminales nazis", señaló el comunicado.

La protesta en la Universidad contó con el respaldo de numerosos grupos y personalidades de la izquierda política española, includos miembros del gobernante Partido Socialista Obrero Español, así como estudiantes, actores, escritores y representantes de movimientos como el de las Madres de la Plaza de Mayo argentina.

Todos ellos defienden la labor de Garzón al intentar abrir procesos como el del ex dictador chileno Augusto Pinochet y perseguir delitos de lesa humanidad en todo el mundo.

Por su parte, desde sectores conservadores, se criticó la idoneidad de esta convocatoria, argumentando que no se puede atacar la independencia judicial. De hecho, la secretaria general del opositor Partido Popular, María Dolores de Cospedal, calificó de "disparate" la iniciativa de los sindicatos.

El magistrado del Supremo Luciano Varela, que instruye el caso de Garzón desde la querella original presentada por el sindicato conservador de funcionarios Manos Limpias, dijo en su auto que el magistrado se extralimitó en sus competencias legales al intentar abrir en 2008 una causa sobre la dictadura de Franco.

Después de un año de investigación, Varela estimó que Garzón actuó sabiendo que aquellos delitos prescribieron al amparo de la Ley de Amnistía promulgada para restañar las heridas de la dictadura en 1977, dos años después de la muerte de Franco.

Garzón aseguró en su investigación de 2008, que abandonó a regañadientes por falta de apoyos, que las desapariciones y detenciones sistemáticas de los opositores del bando republicano al régimen franquista constituían un delito de lesa humanidad, sin prescripción legal posible.

Existe un principio tan elemental como el de la vida misma en las democracias que construimos los hombres en esta era; el Estado debe proteger y garantizar las condiciones de vida de todos los ciudadanos, no perseguirlos, torturarlos y asesinarlos con cualquier pretexto.

Lamentablemente todavía existen argumentos para esquivar este precepto y las excusas, por debajo, intentan convalidar el genocidio, la desaparición y el homicidio como acción metodológica del Estado. No hay amnistía que valga frete a esto a pesar de los pretextos.