Proponen la creación de un Código de Ética

La iniciativa establece que aquellos legisladores que incumplan con sus deberes, realicen actos prohibidos o violen el régimen de incompatibilidades e inhabilidades serán objeto de investigación ética y se les impondrá sanciones.

En este sentido las sanciones dispuestas en el Código de Ética van desde amonestaciones, reproches, pasando por multas hasta llegar a la suspensión y a la destitución del legislador con inhabilitación permanente para volver a ejercer el cargo.

Asimismo el proyecto clasifica a las faltas como leves, graves y gravísimas. Las primeras serán cuando no presenten hacia el fin del período legislativo anual un informe con sus iniciativas y sus participaciones en viajes al exterior en representación de la Legislatura; utilicen expresiones degradantes en el trato interparlamentario o con el ciudadano, entre otros.

Serán graves, cuando los legisladores no destinen correctamente los bienes que se le asignen por sus funciones; no denuncien ante la Comisión de Asuntos Institucionales cualquier acto de fraude, abuso, etcétera; cuando nombren a familiares en cargos de planta permanente en el Estado Provincial, entre otros.

Serán gravísimas cuando los parlamentarios violen los derechos humanos, sociales, económicos, culturales, colectivos y del medio ambiente; no se aparten oportunamente cuando incurran en inhabilidades o prohibiciones de la Constitución, o cuando realicen fuera de su empleo trabajos remunerados o no que estén en conflicto con sus deberes y responsabilidades, entre otros.

Asimismo el proyecto de la legisladora Fernández incluye el concepto de “transfuguismo político” que se refiere a la conducta del legislador que se aparta del bloque que integra violando la fidelidad debida a los electores que lo votaron y al partido que los postuló.

Si se presentaran estas situaciones el artículo seis, cuya redacción aún es confusa, permitiría que los legisladores puedan solicitar la intervención de la Comisión de Asuntos Institucionales para que evalúe esta conducta y luego emita un dictamen, en un plazo no mayor a diez días, resolviendo la situación como actualmente lo hace con las cuestiones de privilegio.

Al respecto Fernández destacó, en los fundamentos de la iniciativa, la importancia que sean los propios integrantes de la Unicameral quienes, en el seno de una comisión, interpreten y apliquen el Código de Ética como modo de prevenir eventuales intromisiones de otros poderes del Estado.

Además este Código de Ética vendría a subsanar el vacío legal existente que se reflejó durante las recientes cuestiones de privilegio iniciadas contra los legisladores Miguel Ángel Ortiz Pellegrini (Frente Cívico y Social), Domingo Ángel Carbonetti y Horaldo Senn (Unión por Córdoba).

En el mismo sentido el legislador en uso de licencia Emilio Graglia, presentó también el año pasado un Código de Ética para regular el desempeño de los legisladores pero no tuvo éxito ante la poca receptividad de sus pares.

Finalmente Fernández reflejó la importancia de la confianza de los ciudadanos en sus representantes y en el funcionamiento de las instituciones para lograr su consolidación.

“Queda en manos de nosotros, sus representantes, hacer que la ciudadanía vuelva a creer en esta Legislatura y que vea en ella una institución eficiente, disciplinada y transparente”, concluyó la parlamentaria.