Comenzarán a juzgar a 14 agentes penitenciarios

11/04/2010
Nacionales - Juicios que Cambiarán el País
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Se trata del primer juicio en que se juzgará al personal penitenciario por delitos de lesa humanidad. Entre los imputados se encuentra Dupuy

Catorce agentes penitenciarios, tres de ellos médicos, serán juzgados desde hoy acusados de torturas, privaciones ilegítimas de la libertad y 5 homicidios cometidos durante la última dictadura militar en la unidad carcelaria número 9 de La Plata.

Se trata del ex Director de la Unidad, Abel Dupuy; Isabelino Vega, Víctor Ríos, Elvio Cosso, Catalino Morel, Ramón Manchado Fernández, Jorge Luis Peratta, Segundo Andrés Basualdo, Valentín Romero, Héctor Acuña, Raúl Aníbal Rebaynera.

Además están procesados y serán juzgados Carlos Domingo Jurio, Enrique Leandro Corsi y Luis Domingo Favole, tres médicos que en ese momento se desempeñaban en la Unidad 9 de La Plata.

Los 14 agentes penitenciarios serán juzgados desde este lunes por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, en el edificio de la AMIA de la ciudad de La Plata y será el primer juicio que por delitos de lesa humanidad se instruye contra personal penitenciario.

Fuentes judiciales estiman que el debate durará unos 4 meses y se presentarán unos 240 testigos para el juzgamiento de 5 homicidios, un caso de tortura seguida de muerte y más de 70 casos de tortura y privaciones ilegales de la libertad.

Dupuy está acusado de 59 casos de tortura, 5 homicidios, 7 privaciones ilegales de la libertad y un caso de tortura seguida de muerte.

Durante las audiencias, el Tribunal que condenó a prisión perpetua a Miguel Etchecolatz y Christian Von Wernich, juzgará los homicidios de Horacio Rapaport, Juan Carlos Deghi, Angel Georgiavis, Rufino Pirles y Dardo Cabo.

En el caso de Cabo y Pirles, su asesinato ocurrió el 5 ó 6 de enero de 1977, cuando eran trasladados al penal de Sierra Chica y, según la versión oficial, hubo un enfrentamiento entre los detenidos y la custodia.

Rapaport y Georgiavis fueron asesinados en el Regimiento 7, a donde fueron trasladados para ser "interrogados" por el Mensaje Militar Conjunto, indicando la versión oficial que los detenidos se habían "autolesionado".

Juan Carlos Deghi fue asesinado el 20 de marzo de 1978, cuando fue puesto en libertad y salió del penal número 9 junto a su esposa Elisa Falchi.

A una cuadra del penal, la pareja fue secuestrada, y mientras la mujer fue liberada en cercanías de la ruta 2, el cuerpo de Deghi apareció sin vida en el kilómetro 20 de la ruta 36.

Los penitenciarios serán juzgados, además, por los tormentos seguidos de muerte infligidos a Alberto Pinto y Marcos Ibáñez.

En el caso de Pinto, el 15 de noviembre de 1978 fue víctima de una golpiza propinada por personal de la Unidad 9 y luego alojado en una celda de castigo hasta que en noviembre de 1978 fue derivado al Instituto de Tórax donde falleció el 5 de marzo de 1979 como consecuencia de los tormentos sufridos.

Según la investigación fiscal, los tormentos físicos y psíquicos sufridos por Pinto se agravaron "por su condición de judío y por padecer de epilepsia desde joven, enfermedad que no fue tratada mientras se encontraba detenido".

Marcos Ibáñez fue torturado en una celda del pabellón de aislamiento del 24 de julio de 1977 y falleció el 10 de septiembre de 1977 en el hospital intramuros del penal de Olmos, informándose oficialmente que el detenido había intentado suicidarse.

Los penitenciarios están acusados, además, de torturar y privar de la libertad ilegalmente a más de 80 ex detenidos políticos entre los que se encuentran el intendente de Quilmes, Francisco "Barba" Gutiérrez, Carlos Slepoy, Juan Miguel Scatolini, Eduardo Jozami, Eduardo Anguita y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

También se juzgarán a los penitenciarios por una "requisa general" del 13 de diciembre de 1976, cuando asumió la dirección del penal Dupuy, y durante la cual se sometió a los presos a golpes reiterados y tormentos, incluso aplicados por miembros del Ejército y la Marina.

Centro de legalización de desaparecidos

La unidad penal número 9 (U-9) de La Plata fue una de las cárceles que recibió más presos políticos durante la última dictadura cívico militar y si bien al ingresar allí los detenidos eran legalizados, las torturas y vejámenes continuaban, al igual que los asesinatos en supuestos intentos de fugas.

La U-9, ubicada en las calles 76 entre 9 y 11 de La Plata, actuó como centro de legalización de los detenidos desaparecidos, provenientes de otros centros clandestinos de detención, y quedaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o de la justicia militar.

Sin embargo, a pesar de ser "blanqueados", las torturas y tormentos continuaban, registrándose incluso secuestros en las inmediaciones del penal y asesinatos en tortura o luego de simulacros de liberación, según consta en el expediente judicial.

En general, los detenidos eran liberados y asesinados a la salida del penal con el fin que quedara asentada su salida formal de esa unidad carcelaria.

En otros casos los reclusos eran trasladados a otros centros clandestinos para ser torturados y luego regresaban al penal.

La cobertura

El titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de La Plata, Carlos Rozansky, aseguró que "podrán trabajar sin restricciones" los medios escritos, orales y televisivos que cubran desde hoy las alternativas el juicio que se instruirá a penitenciarios bonaerenses por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

"El juicio es oral y público y como está garantizada la publicidad, los medios van a poder trabajar con total normalidad", dijo Rozansky.

El juez explicó que la intención de los tres jueces que conforman el Tribunal "es la de poder garantizar a la población el conocimiento de los hechos que se juzgarán y además poder facilitar el control que la sociedad debe tener sobre el funcionamiento de la justicia".

"Estamos juzgando hechos cometidos hace 30 años, y está el derecho de la sociedad a tener una imagen o un sonido de lo que está para hacer su propia interpretación de la historia", explicó Rozansky.

Este juicio será el primero que se realizará fuera de la tradicional sede de la justicia federal de La Plata, en el edificio de las calles 8 y 50, ya que debutará hoy en dependencias alquiladas a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

El lugar fue alquilado expresamente para que funcione como Sala de Audiencias para el seguimiento de causas de crímenes de lesa humanidad.

El inmueble será alquilado durante 36 meses y además del Salón Auditorio, el primer piso será usado como despacho para jueces y empleados del Tribunal y los camarines, ubicados en el subsuelo, para uso de los detenidos.