Prisión preventiva y multimillonarios embargos de bienes

En esa misma causa y también por los supuestos delitos de imposición de tormentos y privaciones ilegales de la libertad, la Cámara Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva y embargo de 94.000.000 de pesos al ex agente de inteligencia de la Prefectura Naval Jorge Manuel Díaz Smith.

Fuentes judiciales aclararon que el monto del embargo determinado por el magistrado responde al criterio de fijar 1.000.000 de pesos por cada supuesto ilícito.

Torres, con la intervención del secretario Pablo Yadarola, atribuyó a Galián, alias "Pedro Bolita", responsabilidad como "partícipe necesario", en 635 casos de tormentos y privaciones de la libertad, algunos de ellos seguidos de muerte.

Galián, detenido semanas atrás, aparece sindicado por testigos de la causa como un "pieza clave" y de "máxima confianza" como represor en el establecimiento que funcionó como un centro de detención clandestino durante el último gobierno de facto.

El procesado, de 66 años, vivía en una casa ubicada en Magallanes al 700, en la localidad bonaerense de Ciudadela, cuando por disposición de Torres, fue detenido por efectivos policiales.

La detención de Galián fue el resultado de un "exhaustivo" cotejo de pruebas reunidas en la causa, ya que el ex suboficial de la marina solo aparecía con su apodo en los testimonios y constancias sumariales que instruye el juez con el fiscal Eduardo Taiano.

Tras la identificación, para la cual fue "muy importante" el reconocimiento a través de fotografías, Torres ordenó el allanamiento a la finca ubicada en Ciudadela y se procedió a la detención de Galián.

Varios testigos contaron que los "Pedros" eran los guardias que custodiaban a los prisioneros y Gaitán tenía su seudónimo debido a sus marcados rasgos de los individuos del altiplano.

Los testigos agregaron que Galián tenía a su cargo "el traslado de los detenidos al lugar desde el cual se realizaba el despegue de los `vuelos de la muerte`" como se llamaban a aquellos desde los cuales las víctimas eran arrojadas desde aviones al mar.

También se le atribuyó haber participado en la custodia de mujeres embarazadas que permanecían secuestradas en la ESMA y estar vinculado a la apropiación de niños nacidos cuando sus madres se hallaban privadas de la libertad, en lo que fue el instituto de formación naval.

La Sala II de la Cámara confirmó la medida de primera instancia que Torres le dictó a Smith, ex jefe de las divisiones de Operaciones y Logística de la Prefectura Naval Argentina.

Según la resolución firmada por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, Smith, "muy apto para tareas de inteligencia", según un informe de sus superiores, habría actuado como oficial de "enlace" con los represores de la ESMA.