Piden dictamen para la restitución del dinero embargado a Jaime
El juez federal Norberto Oyarbide le pidió al fiscal Carlos Rívolo que dictamine si corresponde devolverle al ex secretario de Transportes Ricardo Jaime los pesos, dólares y euros secuestrados en un allanamiento en un departamento de esta capital.
El magistrado puso en conocimiento del fiscal el planteo formulado por el defensor de Jaime, Andrés Marutián, quien reclamó la restitución de los 50.000 pesos, 40.000 dólares y 10.000 euros incautados días atrás en el inmueble que el ex funcionario alquilaría en Avenida del Libertador 654, en el barrio Retiro.
Fuentes vinculadas al sumario precisaron que la defensa "aún no apeló -puede hacerlo hasta el lunes- el embargo preventivo de 40.000.000 de pesos sobre los bienes de Jaime, su esposa Silvia Reyss y los hijos de ambos, Agustina Soledad y Lorena.
Luego de que Oyarbide dispusiera el embargo de bienes, cuando todavía regía el "secreto de sumario" en la causa, Marutián presentó una denuncia contra el juzgado por supuesta revelación de datos al periodismo.
Si bien la presentación no imputa en forma directa a Oyarbide, ya que sugiere que los informantes pudieron haber sido el fiscal o colaboradores de la instrucción, el magistrado -según las fuentes consultadas- remitirá los antecedentes a la Mesa de Entradas de la Cámara Federal para que se sortee que juez tramitará esa denuncia.
Rívolo también debe opinar sobre el presunto incremento patrimonial de Jaime y, en el caso que considere que hubo enriquecimiento ilícito, solicitar que el ex funcionario sea intimado a brindar explicaciones sobre los bienes que se le atribuyen.
Además del embargo de bienes Oyarbide también ordenó el secuestro de un avión y una embarcación, valuados en sumas millonarias, cuya titularidad figura a nombre de sociedades con las cuales la familia del ex funcionario podría tener vinculaciones.
Las medidas sobre los bienes son para que Jaime no disponga de ellos, mientras que una orden judicial que impide al ex secretario de Transportes y a miembros de su familia salir del país, fue dictada para evitar una eventual "manipulación de pruebas", ya que el imputado tendría valores en el exterior.