Legisladores se vetaron un aumento sin saberlo

El 31 de Julio de 2008 la legislatura de Córdoba sancionó la Emergencia Previsional que contempló en un principio quitas de entre el 22 y 27% en las jubilaciones provinciales superiores a los 5.000 pesos.

Pero en el extenso texto del proyecto, que provocó la ira de los gremios estatales con violentas protestas frente al parlamento cordobés mientras se realizaba la sesión que convertía en ley la iniciativa del gobernador Juan Schiaretti, también se recortaba el salario de los legisladores, de los funcionarios del poder legislativo y del poder ejecutivo.

Entre muchas idas y vueltas que tuvo el texto con diversas modificaciones, se incluyó -con el desconocimiento general de los legisladores- el artículo 35 que derogó el artículo 2º de la ley Nº 9276 sancionada en 2005 durante el gobierno de José Manuel De la Sota que establece la equiparación salarial que perciben las autoridades superiores y funcionarios del Poder Ejecutivo y los legisladores y funcionarios del Poder Legislativo, con las que perciben los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

Este artículo establecía el pago de un adicional para igualar las remuneraciones de los funcionarios en los tres poderes del estado en distintos niveles y en forma escalonada.

De esta forma, por mes, un Legislador, el Gobernador y el Vicegobernador deberían estar cobrando además de su sueldo tres mil novecientos pesos; un Secretario Legislativo dos mil doscientos pesos; un Director legislativo mil ochocientos pesos y un Pro Secretario de Bloque mil doscientos pesos.

Pero todo esto quedó en el olvido y los salarios de los legisladores y funcionarios del poder legislativo al igual que los del ejecutivo quedaron encerrados en su propia contradicción.

Cada año cuando llega el momento de sancionar el presupuesto, la Unicameral reclama mayores asignaciones presupuestarias y los ejecutivos de turno le deniegan una y otra vez esta posibilidad.

Desde que el Poder Legislativo dejó la Bicamerlidad en el año 2001, su presupuesto quedó denostado frente a otros poderes del estado llegando a superar este año escasamente el 0,5% del presupuesto general de la provincia de Córdoba lo que representa alrededor setenta millones de pesos.

En comparación, la provincia de Santa Fé destina de su presupuesto general $250 millones para el poder Legislativo y $433 millones para el Poder Judicial mientras que en Córdoba el Judicial tiene un poco más de $700 millones sin contar la última equiparación que la Unicameral de Córdoba sancionó igualando los salarios de la Justicia Federal con la Provincial.

Pero teniendo una ley desde el año 2005 que equipara el haber de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo incluyendo a los legisladores, nadie advirtió que en la sanción de la emergencia previsional, alguien metió la mano y dio por tierra con la equiparación salarial, iniciativa del entonces gobernador José Manuel De la Sota.

Si bien es cierto que los legisladores del Frente Cívico y Social, de la Unión Cívica Radical, de la Concertación Plural, de la Unión Vecinal, del ARI y del Vecinalismo Independiente votaron en contra de esta ley nadie advirtió que mientras se aprobaba el recorte a los jubilados, también estaban recortando por ley, sus propios salarios.