La idea fija
En la pasada sesión del 30 de abril del 2008, ingresó en la Unicameral y de manera discreta un proyecto de ley remitido por el gobierno provincial, por el que se propicia la modificación del radio urbano de la Municipalidad de Villa María, Departamento San Martín, a instancias de la citada Municipalidad, comandada por el justicialista, Eduardo Accastello.“La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción”, plantea en su fundamentación el proyecto del Ejecutivo.
Según fuentes confiables del Ministerio de Gobierno, la legislatura será “invadida” en los próximos días de propuestas de ley para terminar de definir los 403 radios municipales y comunales (una por ejido), que aún no cuentan con la herramienta normativa, hoy por hoy clave para la realización del censo provincial, el próximo 27 y 28 de agosto.
La catarata de proyectos que ingresarán formalmente en las comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, serán aprobados de manera individual por lo que se aguarda una intensa y maratónica labor legislativa para cumplir con los deseos del gobierno de Juan Schiaretti, a instancia del oficialismo parlamentario.
La Directora de Jurisdicción de Asuntos Legales Municipales dependiente del Ministerio de Gobierno 
Provincial, Miriam Capone, en su paso por comisiones dejó bien en claro que “la tarea de determinar los radios es fundamental debido a la necesidad de conformar las planchetas censales así como reducir los márgenes de error que pudieran existir sobre la población de cada municipio”.
La definición de ejidos en el ámbito provincial trajo aparejado, también, conflictos entre algunos municipios y comunas, y el enfrentamiento visible que mantienen por el futuro trazado los agrimensores e ingenieros civiles, quienes pugnan por captar los trabajos de medición que arrojarían una facturación de $ 3 millones.