Desde el 2003 el gobierno nacional instauró una política de reparación histórica

21/03/2010
Nacionales - Derechos Humanos / Día de la Memoria
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Tanto en el gobierno de Kirchner, como el de Cristina ha tenido como eje principal la defensa de los derechos humanos, el castigo de los responsables por delitos de lesa humanidad y el apoyo a las víctimas y familiares de la dictadura militar

Una política de reparación histórica para las víctimas y familiares de la dictadura militar ha sido uno de los aspectos centrales de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Durante la presidencia de Kirchner (2003-2007) se destacan la derogación del decreto que prohibía extraditar a represores que actuaron durante la dictadura militar, el 27 de julio 2003; el 16 de diciembre del mismo año 2003 se crea el Archivo Nacional de la Memoria.

Su actividad fundamental es la de obtener, analizar y preservar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado argentino, y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones.

El 24 de marzo de 2004 se firma un acuerdo entre el Estado Nacional y la ciudad de Buenos Aires para la creación de un Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en la Escuela de Mecánica de la Armada, abierto al público a partir del 1 de octubre de 2007.

En un acto simbólico, ese mismo día, Kirchner retiró los cuadros de dos de sus directores, Jorge Videla y Benito Bignone, de las paredes del Colegio Militar de la Nación. Ambos fueron luego presidentes de facto y están procesados por delitos contra la humanidad.

El 24 de agosto de 2004, en un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece que son imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad y de esta manera, los genocidios, ejecuciones, torturas o desapariciones no prescriben y sus responsables pueden ser juzgados sin importar el tiempo transcurrido.

En 2005, el 14 de junio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara inconstitucional las leyes de Punto Final y Obediencia Debida convalidando así la norma del Congreso de la Nación que las había anulado y que había sido impulsada por el presidente Néstor Kirchner.

Con la nulidad de leyes de Punto Final y Obediencia Debida comienza luego de 19 años de interrupción los juicios a los responsables por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los años setenta, en manos de la Triple A y el gobierno del Proceso de Reorganización Nacional.

En 2006, el 20 de febrero, se establece mediante una resolución la intangibilidad de los sitios donde funcionaron centros clandestinos de detención.

Si bien en 2002, se aprueba la ley para convertir el 24 de marzo en el "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia", el 15 de marzo de 2006 se convierte en ley que ese día sea feriado nacional inamovible en el calendario.

El 30 de noviembre de 2006 se dispone la señalización de los 500 lugares de detención clandestinos que funcionaron en todo el país durante la dictadura militar. El primero fue "La Perla", en la provincia de Córdoba.

El 7 de marzo de 2007, el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, creó la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante la dictadura militar, a cargo del relevamiento y seguimiento de las causas.

El 7 de noviembre de 2007, se inaugura el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, en el Parque de la Memoria, en Costanera Norte.

El 24 noviembre de 2007 el Gobierno promulga la ley contra la desaparición forzada de personas, en adhesión a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que fue votada por las Naciones Unidas (ONU) y que declara a ese delito como crimen de lesa humanidad.

La Argentina se convirtió, el 30 de noviembre, en el primer país de América y segundo en el mundo en ratificar la Convención.

Durante la presidencia de Cristina, el 1 de marzo de 2008, al inaugurar formalmente el período de sesiones del Congreso, la jefa de Estado cuestionó la lentitud del avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad: "Ya pasó la hora del Poder Ejecutivo y la hora del Poder Legislativo. Es la hora de la Justicia y se viene demorando desde hace demasiado tiempo".

En mayo de 2008, se crea por iniciativa del Poder Ejecutivo, posteriormente aprobado por el Congreso, un fondo de recompensas por un total de cinco millones de pesos para quienes aporten datos que sirvan para capturar a represores de la dictadura militar.

Ese mismo año, se pone en marcha el Programa Provincial de Sitios de Memoria, para la señalización de lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar, que coordina el Archivo Nacional de la Memoria.

El 29 de diciembre de 2008 la Corte Suprema tomó medidas para agilizar los juicios de lesa humanidad en todo el país y creó una unidad de superintendencia con facultades especiales para monitorear causas pendientes, pedir información a los jueces sobre avances y demoras en los procesos y establecer medidas que eviten demoras.

El 19 de noviembre de 2009, el Senado convirtió en ley la norma que regula la extracción de ADN a presuntos hijos de desaparecidos cuyo fin es establecer la identidad de un imputado u otra persona o para la constatación de circunstancias de importancia en la investigación penal.

Ese mismo día se convierte en ley la normativa que regirá al Banco Nacional de Datos Genéticos y la que permite a las organizaciones de derechos humanos ser querellantes en las causas por delitos de lesa humanidad.