Jessicagate
El Bloque de la mayoría rechazó abordar sobre tablas y enviar a comisión, un venenoso proyecto de resolución fogoneado por la legisladora Nadia Fernández (Frente Cívico y Social) por el cual solicitaba a la Defensoría del Pueblo informe sobre diversos aspectos referido a la legitimación, funcionamiento y labor de esa organismo constitucional (artículo 124 de la Carta Magna Provincial).
La temperamental legisladora de izquierda o algo similar, requería que Jessica Valentini, actual Defensora Adjunta a cargo de la Defensoría por renuncia en julio de 2005 de su ex titular, Nelson Filippi, diera algunas precisiones acerca de los actos jurídicos que avalan su legitimidad, no la procesal que es lo que realmente le hace falta a nuestro ombudsman.
La parlamentaria enumeró en el recinto una serie de supuestas omisiones funcionales y hasta llegó a advertir sobre un probable riesgo institucional que representaría la falta de designación de Valentini como defensora, potestad que la ley 7741 en su artículo 9, confiere expresamente al mismo Defensor del Pueblo.
En horas de la mañana, Jessica Valentini, a través de una emisora radial atribuyó semejante ataque político, a su negativa de ceder en “pase en comisión” una empleada de la defensoría a la autora del proyecto para que se desempeñe en la Unicameral como asesora.
“La defensoría del pueblo es coto de caza, es kiosco que se concesiona en alguna mesa de un bar escondido de la ciudad, es un arreglo bipartido para tener una defensoría cómplice, neutralizada, sumisa y para garantizar el pago de algunos contratos”, acusó Fernández ante la mirada atenta de una empleada de la institución en cuestión desde las gradas del recinto.
“Esta enquistada y abulonada en la defensoría” espetó Fernández y de ser verdad esa apreciación es pura responsabilidad de la Legislatura que en dos años no eligió constitucionalmente el nuevo Defensor.
Resumen de sesión
El Poder Legislativo sancionó unánimemente sobre tablas, un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo Provincial, mediante el cual incorpora un artículo bis a la norma 9396 de adhesión a su similar nacional, sobre los derechos de niñas, niños, y adolescentes, referido a la extensión del plazo de designación para jueces de menores prevencionales y asesores letrados reemplazantes.
Anteriormente, la Unicameral convirtió en ley dos proyectos mediante los cuales se declaró de utilidad y sujeto a expropiación sendos terrenos destinados a la pavimentación de la ruta provincial Nº 32 “Tramo La Posta - Las Arrias”.
Luego, se aprobó otra expropiación de un inmueble para la construcción de la sede administrativa comunal y demás dependencias anexas a la misma, de Icho Cruz, Departamento Punilla.
Por último, el oficialismo rechazó un pedido de informes impulsado por el legislador Miguel Ángel Ortiz Pellegrini (FCyS), acerca de la supuesta negativa del Ejecutivo Provincial de dar a conocer la declaración jurada de bienes del ex gobernador José Manuel De la Sota, versión que fue negada de plano por la bancada oficialista, a instancia de Marcelo Falo. “A la vuelta de su regreso del exterior, presentará su declaración jurada”, aseguró el ex funcionario Delasotista.