Conflicto de Poderes

Con el apoyo de sectores sindicales, políticos y sociales Cristina Fernández de Kirchner intenta impulsar la modificación de la ley de Radiodifusión vigente en la Argentina que tiene problemas estructurales que han acompañado la evolución de los medios, y que a lo largo de la historia se han servido los medios del poder político y el poder político de los medios para concretar proyectos individualistas, atroces, tortuosos y degradantes para el país.

Si partimos de la afirmación que las disposiciones de la ley de radiodifusión vigentes se inclinan a favor del capital y sus grandes medios de comunicación, tal vez solo parezca algo coyuntural; pero nos tomemos unos párrafos para sustentar semejante afirmación en el ejercicio de la memoria de los hechos ocurridos en nuestro país que terminaron con la sanción de la ley 22.285.

La primera licencia oficial fue otorgada a Radio Argentina el 19 de noviembre de 1923, luego de tres años de funcionamiento. El encargado de otorgar dicha licencia fue el Departamento de Marina, quien ejercía jurisdicción de acuerdo con la normativa vigente. Un año antes, el 28 de diciembre de 1922, fue  promulgado y firmado por el  Presidente Alvear el decreto que creaba una comisión especial encargada de elaborar un proyecto de ley de radiocomunicaciones. La comisión logró su objetivo y presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley, que si bien tuvo despacho de Comisión en la Cámara de Diputados, nunca fue sancionado.

A lo largo de estos años se dictaron distintos decretos para reglamentar la actividad radial procurarando controlar la calidad de las audiciones de radio y la tarea del Estado fué solo de fiscalización, por lo que las sanciones disciplinarias que se aplicaron entre los años 1929 y principios de 1939 fueron en su mayoría por excesos de publicidad e incumplimiento de las normas generales de servicio; transmisiones inmorales y otras contrarias a la función cultural de los programas; campañas tendenciosas y noticias falsas; y por infracciones técnicas”.

El 28 de septiembre de 1953, con la aparición de la televisión, durante el gobierno de Perón, se sancionó la ley 14.241, denominada Ley de Organización de los servicios de radiodifusión que regulaba los servicios de radiodifusión y de televisión, convirtiéndose en la única ley de radiodifusión que dictó un Congreso Nacional.

Luego, los golpes de Estado cívico-militares que se realizaron en el país a partir de 1955 tuvieron como característica común en materia comunicacional, que cada uno de ellos dictó su propio ordenamiento en materia de radiodifusión y que esos mismos instrumentos fueron luego ratificados por los gobiernos civiles que les sucedieron.

Quizás el gobierno militar que sentó definitivamente las bases de la ley actual de radiodifusión fue la Revolución Argentina que sancionó la Ley 19.798 denominada Ley Nacional de Telecomunicaciones que en su capítulo quinto normaba la radiodifusión, estableciendo entre otras cosas, que los representantes de las fuerzas armadas integrarían el COMFER. Lo curioso de este artículo es que pese a su caducidad, nunca fue modificado hasta nuestros días y, por otro lado, lo curioso de esta ley es que mientras se sancionaba un 22 de agosto de 1972, este mismo día miembros de las fuerzas armadas fusilaban a presos políticos en el sur del país, hecho que después se conocería como la Masacre de Trelew.

La actual Ley de Radiodifusión 22.285 dictada por los miembros del la junta de la última dictadura militar quedó lejos de democratizar las comunicaciones ya que desde 1983 los diferentes gobiernos –sobre todo el de Menem- realizaron reformas parciales a la ley que tuvieron como consecuencia la consolidación de un sistema de medios privado, cada vez más trasnacionalizado y concentrado a medida de los grandes medios que se fueron transformando en multimedios, en desmedro de los medios de comunicación independientes.

En el marco de la aplicación de las políticas neoliberales que implicaron la privatización de las principales empresas públicas, no bien asumió la presidencia Carlos Menem se sancionó la Ley de Reforma de Estado 23.696 y se procedió a la privatización de los medios de comunicación más importantes, permitiéndose que las empresas periodísticas nacionales intervengan en la gestión de los medios.

Durante el Gobierno de Néstor Kirchner, con poco éxito y bajo el argumento de defender la cultura nacional, se sancionó la Ley de Defensa de los Bienes Culturales, que teóricamente ponía trabas a la adquisición de medios de comunicación por parte de empresas extranjeras.

En ambas cámaras del Congreso Nacional se presentaron hasta la fecha 44 proyectos de ley originales nunca llegaron a ser discutidos por la totalidad de los legisladores, situación que sin duda favoreció a las empresas privadas que gestionan los medios de comunicación.

A excepción de Néstor Kirchner, todos los presidentes surgidos a través del voto -Alfonsín, Menem y De la Rúa-  presentaron su proyecto de ley de radiodifusión para por lo menos fingir que se quería encuadrar la norma elaborada por un gobierno de facto a la institucionalidad democrática, pero ninguno de esos proyectos alteraba sustancialmente el sistema de medios en Argentina.

Hoy la discusión acerca de una nueva ley de radiodifusión se plantea en medio de una crisis coyuntural entre el poder político y los medios de comunicación, pero que es secuela de la consecución de hechos históricos en el que nacieron, vivieron y se desarrollaron, donde tanto uno como otro se fueron funcionales y que hoy, después de casi un cuarto de siglo de democracia ininterrumpida, necesariamente se producirá un conflicto de poderes que terminará en un nuevo marco legal y conceptual para los medios de comunicación que garantice la libertad de expresión y de pensamiento de todos y cada uno de los ciudadanos del país y no sólo las de una profesión en sí misma.

Bibliografía Consultada: EL ESTADO Y LAS NORMAS DE RADIODIFUSIÓN: MILITARES Y CIVILES EN FUNCIÓN DE LOS INTERESES DEL MERCADO – Javier Torres Molina -Universidad Nacional de La Plata (Argentina)