Presentan un proyecto de transferencia de la Justicia Ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires
El bloque oficialista de la Cámara de Diputados presentó ayer un proyecto para transferir la Justicia Nacional Ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de dar cumplimiento a la ley de autonomía porteña consagrada con la reforma constitucional de 1994.
La iniciativa fue redactada por el diputado del Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires, Carlos Kunkel, y respaldada por los legisladores Agustín Rossi, Juan Carlos Dante Gullo, Héctor Recalde, Alejandro Rossi, Luis Cigogna, Diana Conti, Graciela Giannettasio, Carlos Moreno, Geronimo Vargas Aignasse, y José María Díaz Bancalari, entre otros.
En el artículo primero del proyecto se prevé la creación de la Comisión Bicameral especial "Transferencia de la Justicia Nacional Ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", integrada por diez senadores y diez diputados designados por los Presidentes de las respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios.
Esta comisión, según el artículo segundo, tendrá como tarea realizar dentro de los ciento ochenta días un dictamen que disponga la transferencia de la justicia nacional ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentra actualmente bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación.
Para ello, la Comisión deberá elegir en su primera reunión un presidente, un vicepresidente y dos secretarios, para comenzar a debatir y elevar los dictámenes con la firma de la mayoría absoluta de sus miembros, y en caso de que haya más de un dictamen con igual número de firmas, el dictamen de mayoría será el que lleve la firma del presidente.
Para emitir dictamen, la comisión bicameral podrá consultar a las comisiones competentes en función de la materia; requerir información; formular observaciones propuestas y recomendaciones que estime pertinentes; como así también requerir informes relacionados con el objeto de la presente, a los distintos ministerios y organismos públicos.
En el artículo noveno se estipula que "una vez emitido el dictamen por la Comisión Bicameral, será remitido en primer lugar a la Cámara de Senadores para su tratamiento. Una vez aprobado por esta, será remitido a la Cámara de Diputados para su posterior tratamiento".
Este proyecto busca cumplimentar lo dispuesto en la reforma constitucional del año 1994, que consagró la autonomía legislativa, jurisdiccional y administrativa de la Ciudad de Buenos Aires (art. 129 de la Constitución Nacional), contribuyendo, de ese modo, al fortalecimiento del sistema representativo argentino.
Dentro de ese marco constitucional, se dio un traspaso de competencias judiciales ordinarias al ámbito local con la aprobación de los Convenios suscriptos en diciembre de 2000 y en junio de 2004, entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ratificados por las leyes nacionales 25.752 y 26.357 y las leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nros. 597 y 2.257, respectivamente.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores oficialistas argumentaron que "es de destacar que el derecho de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que se concrete efectivamente el traspaso de toda la justicia nacional ordinaria que se encuentra bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación, no se puede diluir en el tiempo".
"En anteriores oportunidades se buscó avanzar en la transferencia de la justicia nacional ordinaria, pero debido a la capacidad de lobby de algunas corporaciones judiciales y a los innumerables amparos presentados por muchos que priorizaron sus intereses personales por sobre los de la sociedad en general, se ha truncado el derecho de la Ciudad de poseer su propio Poder Judicial", agregaron los legisladores.
La transferencia de la Justicia permitirá resolver solo cuestiones en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso administrativa y tributaria, más allá las competencias transferidas por el Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires mediante convenios suscriptos y ratificados por las Leyes Nacionales Nros. 25.752 y 26.357.
Sobre el cierre del proyecto, los diputados del Frente para la Victoria expusieron que "esta es una cuestión pendiente que hoy se debe subsanar".