Retorna el debate sobre el reparto de los recursos fiscales

Las principales bancadas opositoras en el Congreso propician una reforma en la coparticipación del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios (conocido como impuesto al cheque), por la cual prevén derivar en forma automática hacia las provincias una suma de entre 8.700 y 11 mil millones de pesos.  

Hasta ahora, el 70% de la recaudación de este tributo va directamente al Tesoro Nacional y el resto ingresa a la coparticipación, pero esta parte se distribuye entre la Nación, la Seguridad Social y las provincias de acuerdo a porcentajes establecidos.  

De este modo, de cada 100 pesos recaudados originalmente, 80 quedan en el Tesoro, 5 en la Anses y solo 15 pesos se distribuye entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.  

Ahora, según explicaron fuentes parlamentarias, buena parte de los senadores de la oposición evalúa dos alternativas.  

La que los legisladores de la UCR y peronistas disidentes consideran "de mínima", incluye en la coparticipación el 100% de lo recaudado por el impuesto, y mantiene el resto del esquema de la distribución actual.  

Esto incluye girar 15% del tributo a la Seguridad Social y supone, sobre la base de una recaudación anual de 25 mil millones de pesos, que las provincias obtendrían 8.740 millones extra, la Anses otros 2.625 millones, y el Tesoro cedería 11.365 millones.  

En la alternativa "de máxima" se eliminaría la pre coparticipación para la seguridad social, con lo cual la totalidad de lo recaudado se repartiría entre la Nación y las provincias.  

De avanzar esta posición, el saldo para las provincias treparía a casi 11 mil millones en el año, mientras perderían 1.100 millones la Anses y 9.800 millones el Tesoro.  

En cualquiera de las dos propuestas que alienta la oposición aumentaría el déficit primario del Tesoro nacional, pero quienes alientan la reforma afirman que el consolidado Nación-Provincias se mantendría, ya que las gobernaciones podrían enjugar con los mayores fondos sus respectivos desequilibrios. 

Historia  

Tras la última dictadura militar, años de vacío legal en la materia, entre 1984 y 1987 el gobierno de Raúl Alfonsín buscó saldar la cuestión con transferencias discrecionales desde la Capital al interior.  

Finalmente ese vacío fue cubierto por la ley 23.548, que en 1988 contempló el prorrateo de todos los impuestos nacionales existentes o a crearse, excepto los derechos de importación y exportación, y los impuestos y contribuciones con afectación específica.  

La distribución primaria, entre 1973 y 1983, tenía tres componentes: 48,5% iba a la Nación (del cual 1,8% a la Ciudad de Buenos Aires y 0,2% a Tierra del Fuego); otro 48,5% a las provincias; y el 3% restante al Fondo de Desarrollo Regional, para financiar inversiones en infraestructura.  

La ley 23.548 dispuso otro reparto: 42,34% para la Nación; 54,66% para las provincias; 1% para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias (ATN); y 2% a distribuir entre Buenos Aires (1,5701%), Chubut (0,1433%), Neuquén (0,1433%) y Santa Cruz (0,1433%).  

Pero con esa norma, sancionada en un período de mayoría radical y oposición peronista, el régimen perdió los criterios establecidos en la ley de 1973 para la distribución secundaria, y los porcentajes se relacionaron exclusivamente con la distribución discrecional vigente en los años de vacío legal (1984-1987).  

Con la hiperinflación posterior, el arribo de Carlos Menem a la Presidencia, y en especial, la irrupción de Domingo Cavallo al mando de la economía, comenzó un período que muchos analistas califican de "laberinto fiscal".  

Lo cierto es que en los años 90 se "federalizaron" servicios (educativos, sanitarios) y se "des-federalizó" el sistema impositivo, al agregarse una gran cantidad de excepciones.  

Fue a través de sucesivos pactos fiscales y anzuelos como la absorción de deficitarias cajas jubilatorias que Cavallo buscó crear las condiciones para disciplinar a gobernadores y sustentar su convertibilidad.  

Así, antes de la distribución primaria de la masa coparticipable el Estado Nacional pasó a retener 15% para atender gastos de la seguridad social; se crearon impuestos con mecanismos de distribución previo o pre-coparticipaciones; y para otros impuestos se dispusieron asignaciones específicas.  

En el caso del impuesto a las Ganancias pasó así a coparticiparse menos de 64%, y en el IVA 89%, por las detracciones para Anses, ATN, el Fondo del Conurbano Bonaerense, etc.  

Mientras, entre los gravámenes con asignación específica figuran: Combustibles líquidos y gas natural (Anses, Tesoro, Fonavi, etc.) y Energía Eléctrica (Santa Cruz, Fondo Nacional de Energía Eléctrica, Fondo Compensador Regional de Tarifas, etc.).  

Fue también Cavallo quien creó el impuesto a los créditos y débitos bancarios, cuya recaudación se dividió en 70% para la administración nacional y 30% según la ley de coparticipación. Otros impuestos originados en esa época, y que crearon mayor distorsión, fueron: Gas oil y gas licuado para uso automotor Seguros, Entradas de espectáculos, Pasajes aéreos, Servicios de radiodifusión, Monotributo y Adicional de emergencia sobre cigarrillos.  

La reforma de la Constitución en 1994 prometió discutir en dos años el nuevo equilibrio, pero la falta de acuerdos postergó hasta hoy la sanción de otro marco legal para la coparticipación.  

Así es como las provincias llegaron en algunos años a tomar apenas 2 de cada 5 pesos de impuestos nacionales. O aún menos, 1,75 pesos, si se incluyen las retenciones.  

Como contrapartida, desde 2003 a la fecha el interior se benefició del fuerte crecimiento económico, superó su endeudamiento y dejó atrás sus cuasimonedas gracias a sucesivas decisiones del Poder Ejecutivo Nacional, que también puso en marcha un plan de inversiones de magnitudes inéditas en la historia nacional.  

Un cambio adicional, de junio del año pasado, lo constituyó la creación del Fondo Federal Solidario, con recursos de las retenciones a la exportación de soja, del cual 30% (más de 6.500 millones de pesos el año pasado y unos 8 mil millones en 2010) se destina a gobernaciones y municipios.  

A través de ese Fondo -promovido con la finalidad de financiar obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y viales- el interior habrá recibido en 2009-10 cerca de 12% más de masa coparticipable, que lo que venía obteniendo hasta 2008.