Pasaron a cuarto intermedio en la megacausa ESMA

12/03/2010
Nacionales - Juicios que cambiarán el país
alternative
Ayer se tomó declaraciona cinco de los diecinueve procesados. El proceso continuará el proximo miércoles 10

El Tribunal Oral Federal Cinco (TOF 5) ordenó un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 10 en el juicio por delitos de lesa humanidad  durante la última dictadura militar. Son juzgados 19 represores por el tramo de la "megacausa ESMA" conocido como "testimonios A" y por el secuestro y desaparición del periodista Rodolfo Walsh y las monjas francesa Leonnie Duquet y Alice Domon.

La decisión fue tomada por el tribunal ayer por la tarde luego de cumplir con las indagatorias de cinco de los 19 procesados: el almirante retirado Oscar Montes, y los ex oficiales Adolfo Donda Tigel, Carlos Capdevila, Juan Azic y Manuel García Tallada.

Salvo el caso de Donda Tigel, quien admitió que cumplió funciones en el Grupo de Tareas 3.3.2 donde realizó "captura y entrega de terroristas", el resto se limitó a solo algunas pocas palabras y García Tallada se negó a declarar, por lo que se dio lectura a sus exposiciones ante otros tribunales.

Capdevila sostuvo que con el transcurso del tiempo le costaba mantener la concentración para responder sobre los hechos que se le imputan, mientras que Azic solo habló para negar los cargos en su contra.

El juicio oral y público, que se realiza en la sala de audiencia del subsuelo de Comodoro Py 2.002 de esta capital, proseguirá la mañana del próximo miércoles, para cuando están  previstas las indagatorias de Alfredo Astiz y Jorge "El tigre" Acosta, entre otros.

Los testimonios

El vicealmirante retirado Oscar Montes fue el primero en ser interrogado y negó "todos los cargos" en su contra. Afirmó que no va a responder "ninguna pregunta" en el juicio oral por los delitos de lesa humanidad en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) que tuvieron como víctimas a dos monjas francesas y a Walsh. 

"No estoy siendo juzgado por mis jueces naturales", "niego todos los cargos que se me han hecho y no voy a responder ninguna pregunta", dijo Montes, de 85 años, al ser invitado a declarar por el presidente del Tribunal Daniel Obligado.

Como el procesado se negó a declarar ante el Tribunal, integrado también por Ricardo Farías y Carlos Hergot, y Gabriel Castelli como suplente, decidió incorporar "por lectura" la indagatoria realizada a Montes en la etapa de instrucción del sumario, lo que, por oposición de la defensa, provocó un cuarto intermedio, para que el tribunal decidiera la cuestión. 

Por su parte el ex oficial de la Armada Adolfo Miguel Donda en su testimonio negó haber torturado a detenidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar ya que su función, aseguró, se limitaba a la "captura y entrega de terroristas".

En su declaración indagatoria de esta tarde en el juicio oral y público por delitos contra los derechos humanos en la órbita del Instituto de Formación Naval, Donda aclaró que su función "era operativa" y que "de ninguna manera participé de tormentos".

Durante su relato el procesado se quejó varias veces por el supuesto desamparo que le brindó la Armada y afirmó que siempre pensó que "todo lo que estaba haciendo era un servicio para mi país".

Donda expuso que, en la estructura militar, "las órdenes eran para cumplirlas", pero que restaurada la democracia, ante el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (CONSUFA) solo "desfilaron" los militares de menor rango.

En ese momento "las órdenes eran sagradas y la lealtad al superior no se podía quebrar", señaló el procesado ante el Tribunal Oral Federal Cinco (TOF 5), a cargo del debate público que se realiza en la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2.002, de esta capital.

"Nunca me preguntaron quienes eran mis jefes", expuso Donda, quien sostuvo que "la directiva era sacrificar a un grupo de personas para cubrir al resto", aunque "todos los hechos que se juzgan se cometieron dentro de la órbita militar".

Donda, en el juicio donde también están en el banquillo de los acusados Alfredo Astiz y Jorge "el tigre" Acosta, manifestó sentirse "solo", porque entre los demás procesados "no hay nadie -subrayó- que haya combatido conmigo".

En su exposición Donda se refirió en repetidas ocasiones a su hermano, a quien la marina apuntaba por sus supuestas actividades, y cuya hija quedó a cargo del procesado.

El procesado también admitió pertenecer al Grupo de Tareas 3.3.2, el cual integró por órdenes emanadas del ex jefe de la ESMA, el fallecido almirante Raúl Chamorro, quien le refirió que "terroristas" que se hallaban detenidos en la escuela fueron libertados y protegidos, "porque habían colaborado".

Donda expresó que en un par de oportunidades fue denunciado por la apropiación de menores "en una de mi propio hijo" lo que, según el ex oficial de la armada, fue "fácil" de refutar.

El procesado dijo que estuvo preso unas semanas en 1987 hasta que se dictaron las leyes de Obediencia Debida y Punto final y que volvió a quedar detenido en 2003, cuando las normas fueron anuladas por decisión del Congreso de la Nación.

Solo "cinco años después la justicia citó a los jefes", lamentó Donda, quien expuso que durante su detención recibió "maltratos" y "he visto de cerca morir a camaradas".

Además de Montes, Astiz y Acosta, están sometidos a juicio Ricardo Miguel Cavallo, Juan Azic, Carlos Capdevilla, Julio César Coronel, Adolfo Donda, Juan Carlos Fotea, Manuel García Tallada, Pablo García Velazco, Alberto González, Antonio Pernías, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller y Ernesto Weber.

Antes de pasar a las indagatorias el Tribunal rechazó planteos de nulidad de las defensas, entre ellas las relacionadas con la conformación del tribunal, que quedo integrado recién en noviembre último.

También fue rechazada una pretensión de una de las querellas que pretendía que se les revocara el beneficio de la prisión domiciliara a Montes, Coronel, Tallada y Weber.

El juicio, oral y público, que se realiza en la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002, de esta Capital, comenzó el 11 de diciembre último y podría extenderse durante todo 2010.  Los fiscales son Mirna Goransky y Pablo Ouviña y como querellantes actúan la Secretaría de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) representado por la abogada Carlina Varsky; un grupo de sobrevivientes con el patrocinio letrado de Rodolfo Yanzón; el abogado Horacio Méndez Carreras por las monjas francesas y el colectivo "Justicia Ya".