EntretEjidos

El 27 y 28 de agosto próximo se llevará a cabo el censo provincial,  pero antes de ese trabajo necesario deberán estar definidos como requisito fundamental los 403 radios municipales y comunales, munido cada uno de su correspondiente ley sancionada en el Poder Unicameral que de alguna manera no tan nociva para el Ejecutivo; maneja sus tiempos.

Semanas atrás y tal como adelantara Cónclave Político, la Directora de Jurisdicción de Asuntos Legales Municipales dependiente del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba, Miriam Capone, informó a los miembros de las comisiones de Asuntos de Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, que para fines de abril y comienzos del mes de mayo deberán estar todos los municipios y comunas de la provincia en regla.

“La tarea de determinar los radios es fundamental debido a la necesidad de conformar las planchetas censales así como reducir los márgenes de error que pudieran existir sobre la población de cada municipio”, dijo en aquella oportunidad la funcionaria sin saber (supuestamente), que suscitarían algunos contratiempos que pueden llegar a violar los plazos que maneja el gobierno provincial.

Por ejemplo, el enfrentamiento público que mantienen por el futuro trazado de los ejidos municipales los agrimensores e ingenieros civiles, quienes pugnan por captar los trabajos de medición que arrojarían una facturación de $ 3 millones.

Otra controversia que podría empañar la confección de los nuevos ejidos, son las previsibles disputas que están realizando distintas localidades, como por ejemplo entre La Calera y Malagueño, y Holmberg y Las Higueras que deberán cambiar sus planos de ejidos por superposición con la ciudad de Río IV.

El tema sobre la definición de ejidos tuvo su repercusión en la Unicameral, traducidos en dos proyectos impulsados por el tándem Marcelo Falo y Emilio Graglia (UPC-FPV), por el que adhiere al censo y ratifica la necesidad de modificar la distribución de los fondos de coparticipación con municipios y comunas de la provincia y el otro mediante el cual dispone que la Unidad de Trabajo Provincia-Municipios se constituya en organismo de consulta para la solución en cuestión.

El Poder Ejecutivo debiera en los próximos días fijar una serie de pautas básicas de convivencia institucional para ofrecer algún tipo de salida al respecto, apoyándose políticamente (si lo sugiere) en las distintas Comunidades Regionales.