El juicio político contra Faggionatto Márquez continuará el próximo martes
El juicio político contra el suspendido juez federal de Zárate Campana, Federico Faggionatto Márquez, continuará el próximo martes luego de que el ex ministro León Carlos Arslanian comprometiese seriamente al cuestionado magistrado.
Fuentes del jurado de enjuiciamiento que lleva adelante el proceso contra Faggionatto Márquez indicaron ayer a la mañana que el próximo martes, a partir de las 9:00, los integrantes del "jury" continuarán recibiendo testimonios propuestos por la acusación y la defensa.
En el marco de este proceso antes de ayer Arslanian acusó al suspendido juez federal de haber hecho "fracasar investigaciones sensibles" de crímenes complejos y de haber "operado" a favor de "un grupo de policías malos" sospechados de corrupción.
El ex ministro y ex camarista que condenó a las juntas militares también responsabilizó a Faggionatto Márquez por "amañar una causa" contra un "policía honesto" enviado en reemplazo de los anteriores y de hacerlo detener con posterioridad.
Previamente habían declarado ex secretarios del tribunal quienes afirmaron que Faggionato Márquez se encontró al asumir el cargo, en 2001, con un tribunal "en estado de colapso, con problemas de infraestructura, de recursos humanos y de trámite de expedientes con causas 'desaparecidas'".
Los testigos propuestos por la defensa ponderaron que el cuestionado magistrado "llegaba a las siete de la mañana se tomaba una hora para almorzar, algunas veces ni eso, y trabajaba hasta las ocho o 10 de la noche, incluidos sábados y domingos".
El jurado de enjuiciamiento que definirá si Faggionatto Marquez es removido o continúa en su cargo lo preside el camarista Juan Facundo Giúdice Bravo y lo integran los senadores Mariana Riofrío y Juan Marino, los diputados Juan Irrazabal y Rubén Lanceta, el juez de cámara Jorge Villada y el abogado Daniel Medah.
El juez está acusado de haberse apropiado en el 2006 de una cosecha de soja que ordenó levantar a la división delito complejos de policía bonaerense de un campo de la localidad de Otamendi perteneciente al Consejo del Menor y la Familia, y donde una banda tendría oculta la víctima de un secuestro, entre otras imputaciones.