El teniente Bravo, quien se encontraba prófugo por su participación en la Masacre de Trelew fue detenido en Miami
La justicia de Estados Unidos detuvo ayer a la tarde en Miami al ex teniente de la Armada Argentina Roberto Guillermo Bravo, uno de los imputados por la llamada "Masacre de Trelew", confirmó el juez federal de esta capital, Hugo Sastre, quien instruye la causa.
La información también fue dada a conocer por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
Duhalde señaló que Bravo había salido del país en 1977, radicándose luego en los Estados Unidos, donde poseía una firma que lleva sus iniciales, RGB Group Inc., que provee de servicios médicos a fuerzas militares y de seguridad norteamericanas, y era dueño de propiedades en el Estado de Florida.
A partir de su detención se inicia el proceso de extradición, sobre el cual el secretario expresó que el Estado argentino no escatimará en esfuerzos para que termine satisfactoriamente y ponga fin a la impunidad de la que Bravo goza desde hace casi 38 años.
"La Cancillería nos informó que fue detenido el teniente (Roberto) Bravo, sobre quien habíamos librado un pedido de captura por su partipación activa en los hechos que se investigan", indicó a Télam hoy el juez federal en relación a la causa caratulada "Sosa, Luis Emilio; Bravo, Roberto Guillermo y otros por privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidio agravado".
Las actuaciones que elevó el juez federal Hugo Sastre se aprestan a ingresar en la etapa de juicio oral y público contenidas en 29 cuerpos de 200 fojas cada uno, con documental, fotos, prueba fílmica y libros, donde se detalla cómo fueron acribillados 19 militantes políticos de izquierda, 16 de los cuales murieron en el acto y los restantes resultaron gravemente heridos.
La "Masacre de Trelew" ocurrió "en la madrugada del 22 de agosto de 1972, siendo aproximadamente entre las 2,30 y 3,30 cuando Sosa, en compañía del teniente Bravo (prófugo), Capitán Emilio Del Real y el Capitán Herrera (fallecido) se presentaron en el lugar de detención de la base aeronaval almirante zar", relata la elevación.
"Encontrándose como guardia el cabo Marandino, se les ordenó a los detenidos que doblaran sus mantas y sacaran los colchones para que los dejaran en el extremo del pasillo por donde se ingresaba a dicho sector, luego de lo cual se los hizo formar en fila en el pasillo", describe el auto de elevación.
Las víctimas "estaban orientadas hacia el ingreso del mismo algunos y otros hacia las celdas de enfrente y disponiendo que miraran hacia el suelo, tras lo cual junto con los otros oficiales y suboficiales abrieron fuego contra los detenidos" indica el texto que Sastre dirigió a la cámara al cual tuvo acceso Télam.
Como consecuencia de los disparos fallecieron Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.
La nota aclara que "en el caso de Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar no lograron el resultado de muerte, ya que fueron heridos gravemente y actualmente están desaparecidos en hechos posteriores al relatado".
La elevación dice además que "este cuadro fáctico ha sido calificado jurídicamente como Homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser ejecutado con el concurso premeditado de dos o mas personas (16 hechos) y homicidio doblemente agravado por alevosía en el grado de tentativa (3 hechos) todos en concurso real".
En el lugar del fusilamiento la instrucción determinó la participación de seis cuadros de la Armada: Luis Emilio Sosa, teniente Roberto Bravo, capitán Emilio Del Real, Capitán Herrera (fallecido), Carlos Amadeo Marandino y el cabo Marchand (fallecido).
De los mencionados ninguno cumple prisión efectiva, salvo Bravo que fue apresado hoy y sobre el cual se espera un largo proceso de extradición.
El secretario penal del juzgado federal, Gustavo Lleral, confirmó a Télam que "el último paso que habíamos dado para la detención del teniente Bravo fue en diciembre, cuando le remitimos a la justicia norteamericana las huellas dactilares del imputado que logramos a través de la Policía Federal".
"Era un requisito para acreditar la identidad que cumplimos enseguida y eso nos dio la pauta que existía la voluntad de la justicia norteamericana de avanzar", indicó Lleral, quien está convencido que los abogados defensores apelarán la medida y cuestionarán las actuaciones.
Los penalistas esperan concretar el pedido de extradición para que Bravo comparezca ante los tribunales locales, trámite que se estima llevará un buen tiempo pues Estados Unidos tradicionalmente fue un país rígido para las concesiones de este tipo.
Además de los mencionados, se acusa a Rubén Norberto Paccagnini (jefe de la base), Horacio Alberto Mayorga y Jorge Enrique Bautista, este último por el delito de encubrimiento.
Los mencionados en el párrafo anterior no aparecen "disparando" en la escena del crimen, sino como parte de una cadena de mandos que "habría ejecutado órdenes emanadas del entonces presidente de facto, don Alejandro Agustín Lanusse, de ultimar a los diecinueve detenidos en la base", según indica la acusación.