La Cámara Federal resolverá las apelaciones contra la ampliación de los procesamientos de Palacios y James
La Cámara Federal esta en condiciones de resolver, en los próximos días, las apelaciones contra las resoluciones que ampliaron los procesamientos del ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios y del abogado Ciro James, ambos detenidos, como integrantes de una "asociación ilícita" y posible "defraudación".
Fuentes allegadas a la causa indicaron este mediodía a Télam que "las partes ya concluyeron sus expresiones de agravios, motivo por el cual el tema ingresa al acuerdo" de los jueces de la Sala I que se expedirán en breve "como en toda causa en la que hay detenidos".
De acuerdo a las normas procesales una vez interpuesto el recurso de apelación las partes "mejoran los fundamentos” y efectúan su "expresión de agravios” directamente ante el Tribunal pudiendo hacerlo verbalmente ("in voce”) o por escrito, como optó por hacerlo la mayoría.
Al finalizar este mediodía las audiencias los camaristas Jorge Luis Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah ya estarían "técnicamente” en condiciones de resolver si confirman o revocan esas ampliaciones de procesamientos, explicaron las fuentes.
El 22 de diciembre último el juez federal Norberto Oyarbide –en una resolución de 400 carillas a la que Télam tuvo acceso- amplió los procesamientos imputándoles, además, el delito de "fraude a la administración pública" e incluyó a los policías misioneros Diego Guarda, Raúl Rojas y Rubén Quintana.
A los delitos por los que Palacios y James ya estaban procesados y detenidos (escuchas telefónicas ilegales y asociación ilícita) el juez agregó entonces la figura prevista y reprimida en el inciso quinto del artículo 174 del Código Penal.
Esa norma –inserta en el capítulo de las "estafas y otras defraudaciones”- castiga con prisión de dos a seis años a quienes "cometieren fraude en perjuicio de alguna administración pública".
Según Oyarbide, las órdenes de interceptación telefónica dictadas por la justicia misionera eran "legales pero ilegítimas" y esa intervención de dependencias oficiales para efectuar las escuchas provocó "un perjuicio patrimonial a las arcas del Estado Nacional”.
Los procesados "actuaron como numerarios de fuerzas de seguridad, lo que hace suponer no sólo un pleno conocimiento de la ilicitud de la actividad que desarrollaron, sino también que cuentan con una infraestructura tal, que les permite de esa manera llevar adelante maniobras criminales como la investigada en autos".
El juez sostuvo que las falsas informaciones con las que se obtenían las escuchas estaban "revestidas de un manto de presunta legalidad, que oculta la ilegitimidad de las mismas, circunstancia que a todas luces dificulta el descubrimiento de esas maniobras delictivas”.
"Se encuentra acreditado que los nombrados han defraudado las arcas de la administración pública nacional”, pues "las conexiones telefónicas realizadas fueron llevadas a cabo utilizando las instalaciones de la Secretaría de Inteligencia de la Nación”, afirmó el juez.
A la organización se le imputa las escuchas telefónicas ilegales a Sergio Burstein, familiar de víctimas del atentado a la AMIA, al empresario Carlos Avila, a gerentes del hipermercado Coto y al cuñado del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, entre otros.