Varas quedó imputado y se negó declarar
El legislador del Frente Cívico y Social (FCyS) Augusto Varas negó ayer los cargos por los cuales el fiscal Enrique Senestrari lo imputó y se abstuvo de seguir prestando declaración por recomendación de sus abogados hasta tanto se levante el secreto de sumario del expediente para conocer los hechos y las pruebas presentadas por el fiscal.
“Todavía falta que una o dos personas involucradas en la causa se notifiquen por lo que esperamos que la semana que viene cuando se levante el secreto de sumario podemos conocer porque se lo imputó” indico el codefensor Julio Paez.
Durante la mañana de ayer en el Juzgado Federal 1 a cargo de Ricardo Bustos Fierro, Varas se notificó oficialmente que está imputado por “defraudación por administración fraudulenta y falsificación de documento privado” por el supuesto desmanejo de un subsidio de ciento treinta mil pesos que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación le concedió el año pasado a la ONG Carlos Mugica.
El legislador Varas quedó involucrado en esta causa porque en la comisión directiva de la entidad investigada figuraba la esposa y una de las personas que colaboran con él en la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Las autoridades de la mutual desconocieron el destino de estos fondos e iniciaron un expediente en Tribunales Federales.
Desde el oficialismo en la Unicameral siguen de cerca la situación de Varas ya que este es autoridad de Cámara (Vicepresidente segundo) y según anticiparon fuentes de la presidencia de bloque, la semana que viene analizarán si corresponde o no tomar algún tipo de sanción en contra del legislador juecista.
Por su parte, desde el FCyS argumentaron que este tema “es estrictamente jurídico” a pesar de que “existan sectores que pretenden politizarlo”.
“Estamos convencidos de la inocencia de Varas y vamos a dejar que la justicia realice la investigación pertinente, no nos vamos a prender en una discusión política sobre este tema” aseveró uno de los principales asesores del bloque juecista.
Una de las principales herramientas para castigar el accionar de un legislador es la Cuestión de Privilegio que está prevista en la Constitución de la provincia de Córdoba para sancionar a sus miembros ante faltas que atenten contra el cuerpo.
Por esta cuestión el ex presidente del bloque del FCyS Miguel Ángel Ortiz Pellegrini debió renunciar el año pasado. También el oficialista Horaldo Senn es investigado por este mecanismo luego de que un testigo lo mencionó como “colaborador” de la dictadura en su declaración durante el juicio al ex juez federal Víctor Brusa y a cinco ex policías de Santa Fe a fines del año pasado.