Ordenan la detención de más de una veintena de represores que actuaron en el centro clandestino "La Chacha"
La justicia federal de La Plata ordenó la detención ayer de más de una veintena de miembros de las fuerzas de seguridad y de personal civil de inteligencia que actuaron en el centro clandestino de detención (CCD) conocido como "La Cacha", que funcionó durante la última dictadura en las afueras de la capital provincial.
La medida la adoptó el juez Federal Manuel Humberto Blanco a partir de una presentación que realizó la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y la fiscalía en la que pidieron la detención de los miembros de las fuerzas de seguridad que actuaron en ese centro clandestino.
La Cacha funcionó como centro clandestino de detención entre febrero de 1977 y noviembre de 1978 en la vieja planta transmisora de Radio Provincia ubicada en la localidad de Olmos, en las afueras de La Plata.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por Abuelas de Plaza de Mayo, allí estuvieron detenidas -en condiciones de clandestinidad- nueve embarazadas que aún permanecen desaparecidas: Ana María Rosa Tolosa, Cristina Lucía Marrocco, Olga Noemí Casado, Laura Estela Carlotto, María Elena Isabel Corvalán, Susana Beatriz Pegoraro, Adriana Leonor Tasca, Elisa Elvira Cayul y Graciela Irene Quesada Ayub.
En los últimos años, la investigación de Abuelas posibilitó que seis de los niños nacidos en cautiverio en este CCD recuperaran parte de su historia.
Según el auto de detención firmado por el juez Blanco, allí "actuó personal perteneciente a casi todas las fuerzas de seguridad" ya que de acuerdo a los testigos se pudo observar a efectivos del Ejército, la Armada, la Policía Federal, del Servicio Penitenciario Bonaerense y el Servicio de Inteligencia del Ejército.
Desde septiembre de 2009 Abuelas de Plaza de Mayo había solicitado la detención del personal jerárquico y de inteligencia del Destacamento 101, como así también personal de las distintas fuerzas que actuaron en este centro.
Una vez levantado por el Poder Ejecutivo Nacional el secreto que protegía a la información de Inteligencia, la Unidad Fiscal amplió el requerimiento de instrucción solicitando la detención del Personal civil de inteligencia del Destacamento 101, identificado como guardias o interrogadores.