Panza llena, corazón contento
Tomó estado parlamentario en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley del Ejecutivo provincial que pone a consideración de la Cámara los convenios suscriptos con la Nación para financiar obras que garanticen la seguridad alimentaria de las personas en condiciones de vulnerabilidad social.
Se trata de los convenios de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje Federal 2009 y del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Funcionamiento de Comedores Escolares, suscripto el 23 de septiembre del año pasado entre la provincia y la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
En el primero de los Convenios la nación transferirá a Córdoba un subsidio de poco más de 23 millones de pesos que la provincia deberá ejecutar en un plazo de siete meses.
Asimismo el objeto de este acuerdo es financiar acciones para garantizar la seguridad alimentaria de las personas en condiciones de vulnerabilidad social de la provincia, en los términos del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, como también lograr el fortalecimiento y ampliación de las prestaciones alimentarias a partir de una distribución equitativa de los Recursos Disponibles.
Entre los fines específicos se destacan la promoción de estrategias integrales para atender las múltiples causas y efectos de los problemas alimentarios, nutricionales, estimulando y facilitando los controles de salud, la capacitación y la participación de la población escolar, asistido por el Programa Plan Alimentario Provincial.
También favorecer a las familias destinatarias, a través de la autonomía y dignidad, otorgándoles una nueva modalidad de prestación alimentaria de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada una de ellas; implementar el sistema de Tarjeta Social para la compra de alimentos; y finalmente, continuar con la entrega de módulos alimentarios en las denominadas zonas grises de la Provincia.
En tanto la provincia se compromete a invertir la totalidad de los fondos que transferirá la nación, para financiar la Asistencia Alimentaria de más de 119 mil titulares de derecho en situación de vulnerabilidad social.
Para ello deberán cumplir una serie de condiciones, como pertenecer a un grupo familiar en riesgo y vulnerabilidad alimentaria con menores de 18 años, embarazadas o discapacitados a cargo del titular de la tarjeta alimentaria; y adultos mayores de 60 años sin cobertura social.
Por su parte el segundo de los convenios tiene como objeto financiar acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de personas en condiciones de vulnerabilidad social que asisten a Comedores Escolares de la provincia, para mejorar la calidad de los servicios alimentarios de las escuelas carenciadas.
Además persigue la meta de lograr que los niños destinatarios adquieran hábitos vinculados a una alimentación saludable, favoreciendo el óptimo crecimiento y desarrollo, haciéndolo extensivo a la comunidad educativa en general.
Para ello la nación aportará, en concepto de subsidio no reintegrable, poco más de 28 millones de pesos, que la provincia deberá ejecutar ese monto en un plazo de diez meses.
Estos fondos estarán destinados a financiar el funcionamiento de comedores escolares dependientes de establecimientos educativos del interior de la provincia, específicamente para los departamentos Sobremote, Minas, Pocho, Tulumba, Totoral, Ischilín, San Alberto, Río Primero, San Javier, Cruz del Eje, Calamuchita, Santa María, Punilla, Colón, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña y Río Segundo.
Las prestaciones alimentarias estarán dirigidas a más de 51 mil beneficiarios, asistentes a 930 establecimientos educativos durante un período de diez meses.
El gobernador provincial, Juan Schiaretti, resaltó en los fundamentos del proyecto “la alta significación social y económica que tendrán las acciones previstas en beneficio de la comunidad en situación de riesgo social”.