A su Salud

19/02/2010
Provinciales - Unicameral
alternative
Rehabilitaron el proyecto de ley que establece que la provincia adhiera a la ley nacional que regula el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación de las personas con discapacidad

El legislador de Unión por Córdoba, Enrique Sella, rehabilitó el proyecto de ley que presentó en el año 2006 que establece que la provincia se adhiera a la ley nacional que regula el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad. 

Asimismo la iniciativa del legislador oficialista dispone que Córdoba adhiera al Decreto Nacional por el que se crea el Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, así como al que reglamenta la Ley de Prestaciones Básicas. 

En este sentido Sella opinó en los fundamentos del proyecto que “desde nuestra Legislatura debemos brindar el instrumento legal que permita que las obras sociales de nuestra provincia brinden las prestaciones de acuerdo a lo que establece la normativa nacional”. 

Además dijo que las prestaciones de habilitación y rehabilitación integral “históricamente no habían sido abordadas en forma programática por las Obras sociales que venían respondiendo a las demandas de sus asociados en esta materia con criterios dispares”. 

En el caso de las personas con discapacidad, carentes de cobertura social, régimen de seguridad social o de otros regímenes de protección, tampoco tienen asegurada la atención de sus necesidades de habilitación y rehabilitación. 

En tanto el Sistema Único de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad produjo un cambio importante dentro del sistema prestacional, al asegurar la universalidad de la atención de las personas con discapacidad, mediante la integración de políticas y de recursos institucionales y económicos afectados a la temática. 

“No se entiende en consecuencia como la provincia de Córdoba no ha adherido a la ley nacional”, dijo Sella a la vez que reflexionó que “la nueva obra social de la provincia debe contar con el instrumento legal que le permita brindar los servicios que la ley le impone”, concluyo el parlamentario.