Victimas de la represión solicitaron que se eleve a juicio a cinco policías

Dos sobrevivientes de la represión del mes de diciembre de 2001, registrada en horas previas a la precipitada renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa, solicitaron hoy que se eleve a juicio a cinco policías procesados por "tentativa de homicidio" de los manifestantes.

Mediante un escrito de 25 carillas, al que Télam tuvo acceso, el abogado Rodolfo Yanzón, en su carácter de apoderado de Martín Galli y Paula Simonetti, reclamó que se eleve al Tribunal Oral en lo Federal 6 el pedido para que sean juzgados los policías Ariel Gonzalo Firpo Castro, Norberto Pablo Sabbino, Sebastián Leonardo Saporiti, Horacio Bautista Berardi y Mario Andrés Seia.

El letrado recordó que la Cámara Federal, el 22 de julio de 2002, al confirmar los procesamientos, explicó que "a partir del estado de sitio dictado durante el día 19 de diciembre de 2001 como consecuencia de hechos de violencia que se producían en distintas localidades, se desarrollaron en todo el país protestas públicas con diferentes contenidos y exteriorizaciones".

"Dentro del ámbito de la Capital Federal, ya en la noche del 19 y madrugada del 20 comenzaron a producirse episodios de violencia entre manifestantes y policías tales como el suceso en el que resultó herido de bala de plomo Jorge Demetrio Cárdenas en las escalinatas del edificio del Congreso de la Nación, o bien los múltiples lesionados como consecuencia del efecto de balas de goma", reseñó Yanzón en un extenso escrito.

En ese aspecto, la Cámara oportunamente sostuvo que "dichas circunstancias permitían pronosticar objetivamente que la jornada del 20 de diciembre se presentaba en la Ciudad de Buenos Aires como conflictiva" y que en inmediaciones del Obelisco efectivos de Asuntos Internos de la Policía Federal, que se desplazaban en móviles "no identificables", atacaron a manifestantes.

Ello ocurría "mientras las personas que habían concurrido a protestar intentaban alejarse del lugar debido a la represión que se estaba produciendo" y los policías "abrieron fuego con municiones de plomo disparadas por armas largas contra manifestantes que se encontraban en una plazoleta ubicada a más de cien metros de Corrientes y 9 de Julio en actitud pacífica".

En esos episodios murió Gabriel Márquez y Simonetti sufrió heridas de bala en la espalda y Galli, en la cabeza, junto a otras víctimas de ese operativo "montado por las fuerzas de seguridad” como lo describieron los camaristas.

Sobre el accionar policial los magistrados ponderaron "su falta de coordinación y supervisión y el descontrol con el que se desplegó indican" que provocaron "sin lugar a dudas, que la existencia de sólo cinco muertos fuese un resultado casi milagroso".

De acuerdo a las constancias del expediente, los policías se movilizaban en diversos vehículos "no identificables" de los que se bajaron "desplegándose a manera de abanico y dispararon a mansalva municiones de guerra (propósitos generales) contra los manifestantes que se encontraban descansando en la plazoleta que se encuentra en la mano contraria".

En esa circunstancia se produjo "la tentativa de homicidio" de Galli "producto de que recibiera un proyectil de arma de fuego en la región occipital, que no ha podido ser extraído" y de Simonetti "quien recibiera un disparo de arma de fuego a media espalda a milímetros de su aorta, que por la dificultad y peligrosidad de su extracción, aún tiene alojada".

Yanzón citó la prueba testimonial y documental reunida durante la instrucción y dijo que "las conductas de los imputados deben ser analizadas en conjunto, ya que... resulta evidente la existencia de un acuerdo entre (por lo menos) los nombrados para ejecutar conjuntamente una serie de acciones dirigidas a dar muerte a un número indeterminado de personas".

Las pruebas, sostuvo el querellante, "permiten afirmar que los imputados actuaron coordinadamente, siguiendo un plan unitario, con acabado conocimiento de la conducta que desplegaba el otro" ya que atacaron a personas que se encontraban "desarmadas y en actitud pacífica, haciendo ostentación de su poder ofensivo mediante la portación de armas largas".

"Los imputados, miembros del Departamento de Control e Integridad profesional, lejos de cumplir con su rol específico -que consistía en controlar posibles desbordes policiales-, se lanzaron conjuntamente a una virtual cacería humana, disparando sobre manifestantes inermes que descansaban en una plazoleta sin generar peligro alguno", enfatizó Yanzón.

En el expediente "principal" el juez Claudio Bonadío debe resolver aún la situación procesal del ex presidente De la Rúa cuyo sobreseimiento fue revocado que la Cámara Federal, que ordenó profundizar las investigaciones.