Salta Violeta!!!

Luego de un mes de estudio en comisión y la presión mediática al respecto, la Legislatura Provincial sancionó de manera unánime y mesurada, el proyecto de ley mediante el cual el Poder Ejecutivo impulsa modificaciones a la norma sobre declaraciones juradas de bienes por parte de los funcionarios y empleados del Estado Provincial.

Pese al debate en comisión la propuesta “salió con fritas” tal cual lo envió el gobierno de Juan Schiaretti, mediante el cual se especifica que no se difundirá la ubicación de las propiedades inmuebles (como casas, departamentos y campos).

La iniciativa en discusión modifica la Ley 8.198 que regula todo lo referente a la Declaración Jurada Patrimonial de Funcionarios, Legisladores y Magistrados del Estado Provincial, sancionada en agosto de 1992 y luego modificada en algunos de sus artículos en noviembre de 1996 y en junio de 1998.

La primera reforma a la mencionada ley, formulada en 1996, incluyó a los Magistrados en la normativa y dispuso mayores sanciones a quienes incumplieran con el instrumento sancionado. Dos años más tarde, se modificaron otros 3 artículos de la Ley. Los cambios propuestos en aquella oportunidad, hacían mención a que las declaraciones patrimoniales se podían dar a conocer en tanto y en cuanto se acreditará interés legítimo.

El Legislador, Daniel Passerini, dijo al respecto que “con los cambios propuestos pretendemos que sean los últimos. Que estas modificaciones, finalmente, se constituyan en una valiosa herramienta de control ciudadano del patrimonio de todos aquellos que ocupamos la función pública”.

Por su parte, el Legislador Roberto Birri (Frente Cívico y Social), solicitó incorporar otras modificaciones al proyecto, pero tal moción no prosperó. “Tendríamos que agregar en el universo de personas alcanzadas en la norma a todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras”, indicó.

Deuda Pública

Pese al rechazo categórico de los bloques del Frente Cívico y Social, la UCR e Izquierda Socialista denunciando “más endeudamiento”, la mayoría con la anuencia de Unión Vecinal Federal y Vecinalismo Independiente, la Unicameral ratificó un convenio de Asistencia Financiera en el Marco del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal entre la Provincia y el Estado Nacional.

A través del citado acuerdo rubricado hace 9 días, se asiste financieramente a la provincia de Córdoba por una suma de 400 millones de pesos, destinados a la cancelación parcial de servicios de capital e intereses de deuda del año 2008, mediante desembolsos periódicos.