Que Ninguno quede Afuera
los abogados de los desaparecidos Francisco y Griselda del Huerto Ponce, del sobrino de ambos, Julio Genaro Burgos, y de Nelly Yolanda Borda apelarán resolución del juez federal de Catamarca, Ricardo Moreno, quien dictó falta de mérito y el sobreseimiento para ex militares acusado de delitos de lesa humanidad.
Según lo declaró ayer el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Guillermo Díaz Martínez, "el lunes nos vamos a imponer de la resolución del juez Moreno para estudiar y avanzar en la apelación al sobreseimiento de cuatro ex militares por presunta falta de mérito".
El magistrado dictó ayer el procesamiento en distinto grado de cuatro ex jefes militares por su supuesta responsabilidad en la desaparición forzada de Francisco Gregorio Ponce, Griselda del Huerto Ponce, Julio Genaro Burgos y Nelly Yolanda Borda, hechos ocurridos entre abril de 1976 y enero de 1977, durante la última dictadura militar.
En la resolución, a la que tuvo acceso Télam, se declaró a los hechos investigados como delitos de lesa humanidad, por lo tanto "imprescriptibles" para la ley penal.
Asimismo, se dispuso el dictado de falta de mérito de cinco ex oficiales del Ejército, quienes "seguirán vinculados a la causa" y el sobreseimiento de otros dos ex militares, entre los que se destaca Rodolfo Sergio Mujica, primer imputado que tuvo la causa por la desaparición de los hermanos Ponce y del sobrino de éstos, Julio Genaro Burgos.
Los ex militares procesados son el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez; el ex jefe del Regimiento 17 de Infantería, Alberto Carlos Lucena; Darío Otero Arán, ex encargado del sector inteligencia del RI 17, y de Juan Daniel Rauzzino, quien ocupó la Jefatura de la Policía provincial durante el proceso militar.
Fueron beneficiados con la falta de mérito los ex oficiales Alfredo Alberto Svendsen, Raúl Horacio Gallardo, Enrique Henzi Basso, Jorge Isaac Ripoll y Carlos Ricardo Ruiz.
También en la resolución se dictó el sobreseimiento total y definitivo de Rodolfo Mujica y Francisco Gabriel Castañeda, respectivamente.
El juez Moreno dispuso trabar embargo sobre los bienes de Luciano Benjamín Menéndez por la cantidad de 300 mil pesos, de Darío Otero Arán, Carlos Lucena y Daniel Rauzzino, por 100 mil pesos a cada uno de ellos.
En lo argumental de la pieza procesal el magistrado consideró que si bien los integrantes del RI 17 "carecían de experiencia" para realizar tareas inherentes al terrorismo de estado como autores mediatos, "tales desapariciones forzadas no pudieron realizarse sin la participación de algunos miembros del ejército y la policía locales, que en la práctica se encontraba bajo el mando militar".
El juez reconoció que por el tiempo transcurrido desde los acontecimientos, más de 30 años, "resulta a la fecha imposible la reconstrucción total de los mismos a través de la documentación generada por los órganos clandestinos de represión".
Sobre la responsabilidad de los procesados, Moreno recordó la estructura "verticular" que regía los ámbitos castrenses y ejemplificó que "Carlos Alberto Lucena era el vértice superior en la provincia, y nada se hacía en el ámbito castrense de la jurisdicción, sin que él lo ordenara".