Recorte para todos
Adhiriendo a cinco leyes nacionales de emergencia pública el gobierno de Juan Schiaretti encontró la forma de aplicar el recorte a todas las jubilaciones superiores a seis mil pesos y dilatar el pago de cuarenta millones de pesos para aquellos que se les descontó por encima del dieciocho por ciento a partir de la sanción de la Ley de Emergencia Previsional.
A partir del fallo del Tribunal Superior de Justicia el ejecutivo provincial envió un decreto para ser ratificadoa la legislatura acatando esta decisión que la Unicameral transformó en una ley más extensa suspendiendo de forma inmediata y de pleno derecho las medidas cautelares o precautorias contra la Caja de Jubilaciones a partir del fallo del máximo órgano judicial de la provincia que declaró la inaplicabilidad en la quita de las jubilaciones sobre el 82% móvil de un sueldo líquido de un trabajador activo, con un piso garantizado en efectivo de 6.000 Pesos.
De esta forma el fallo del TSJ le permitirá al gobierno provincial aplicar el recorte a las 4700 jubilaciones que estaban protegidas por amparos judiciales alcanzando de esta forma a la totalidad de los doce mil que perciben un haber superior a los seis mil pesos, ordenando de esta forma la aplicación de la ley de Emergencia Previsional.
A partir de enero del próximo año los 4800 beneficiarios que cobraban sin recorte debido a la presentación de amparos contra la Caja de Jubilaciones desde Agosto de 2008, deberán comenzar a percibir, en una especie de canje, 18% en bonos hasta que salden la deuda generada desde el comienzo del amparo que protegió sus haberes del recorte, es una especie de refinanciación de la deuda que le permitirá a la Caja Previsional reducir sus erogaciones.
Por el contrario unos 2700 jubilados a los que se les descontaron un 27, 25 y 22 por ciento tendrán un sistema de sustitución para compensar la diferencia en pesos entre estos valores y el 18 por ciento que habilitó la justicia.
La Caja de Jubilaciones debía reintegrarle el dinero de una sola vez, pero a partir de la sanción de esta ley deberán hacerlo en seis cuotas mensuales de igual monto contra la restitución de los Títulos de Cancelación Previsional hasta que quede saldada la deuda.
A partir de este fallo, haciendo un simple cálculo entre lo que entra y lo que sale, la provincia deberá ahora por un lado reducir el pago en bonos dispuesto por la ley de Emergencia Previsional de 170 a 130 millones de pesos pero por el otro comenzará a reducir las erogaciones en el pago de casi cinco mil jubilaciones que una vez sacados los cálculos en las planillas correspondientes, quizás dupliquen o tripliquen el monto que deberá pagar efectivamente.
En el proyecto original que tuvo innumerables modificaciones durante el transcurso del día que demoraron el inicio de la sesión, eliminaron en el artículo número dos la determinación de establecer 30 meses como lapso de tiempo para realizar el canje de bonos por dinero en aquellos haberes protegidos por medidas cautelares a los que no se les había aplicado el recorte.
Así la ley deja a la Caja de Jubilaciones la potestad de establecer los tiempos, las formas y como realizará esta quita en las jubilaciones por lo que podría suceder que a los beneficiarios se les realice una quita en los aportes que no se les hizo en diecisiete meses en seis, quince o treinta meses de acuerdo los mecanismos que fije el ente previsional.
Desde temprano en la legislatura provincial estuvieron en la oficina del legislador Domingo Ángel Carbonetti, el Ministro de Justicia Luis Angulo y el Secretario de Previsión social Osvaldo Giordano realizando diversas modificaciones durante largas horas en comunicación directa con el gobernador Schiaretti por lo que la sesión comenzó alrededor de las cinco y media de la tarde y terminó cerca de la medianoche.
Ambos funcionarios habían concurrido ayer a una reunión conjunta de comisiones para intentar explicarles a los legisladores de que se trataba el decreto y la ley que se aprobaron hoy en la Unicameral que dejó a la gran mayoría de los legisladores de la oposición desconcertados, sin saber quizás que en realidad que el TSJ le abrió la puerta al gobierno provincial para realizar el recorte a todos los jubilados que superen los seis mil pesos en sus haberes incluidos los protegidos por los amparos.