Gira Nacional
El juez federal Ricardo Moreno resolvió ayer la situación procesal de 11 ex jefes militares, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez, vinculadas a delitos de lesa humanidad, cuatro de ellos fueron imputados por la desaparición de personas, 5 fueron sobreseídos por "falta de mérito", y dos sobreseídos definitivamente.
El magistrado dictó el procesamiento en distinto grado de cuatro ex jefes militares por su supuesta responsabilidad en la desaparición forzada de Francisco Gregorio Ponce, Griselda del Huerto Ponce, Julio Genaro Burgos y Nelly Yolanda Borda, hechos ocurridos entre abril de 1976 y enero de 1977, durante el último gobierno militar.
En la resolución, a la que tuvo acceso Télam, se declaró a los hechos investigados como delitos de lesa humanidad, por lo tanto "imprescriptibles" para la ley penal.
Asimismo, se dispuso el dictado de falta de mérito de cinco ex oficiales del Ejército, quienes seguirán vinculados a la causa y el sobreseimiento de otros dos ex militares, entre los que se destaca Rodolfo Sergio Mujica, primer imputado que tuvo la causa por la desaparición de los hermanos Ponce y del sobrino de éstos, Julio Genaro Burgos.
Los ex militares procesados son el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez; el ex jefe del Regimiento 17 de Infantería, Alberto Carlos Lucena; Darío Otero Arán, ex encargado del sector inteligencia del RI 17, y Juan Daniel Rauzzino, quien ocupó la Jefatura de la Policía provincial durante el proceso militar.
Fueron beneficiados con la falta de mérito los ex oficiales Alfredo Alberto Svendsen, Raúl Horacio Gallardo, Enrique Henzi Basso, Jorge Isaac Ripoll y Carlos Ricardo Ruiz.
También en la resolución, se dictó el sobreseimiento total y definitivo de Rodolfo Mujica y Francisco Gabriel Castañeda, respectivamente.
En la resolución, el juez aclaró que la figura penal imputada a los acusados, "privación ilegítima de la libertad agravada", fue fijada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán al resolver uno de los incidentes presentados por la defensa de los acusados.
El Tribunal de Alzada consideró que "no podía endilgársele la muerte de las víctimas porque éstas fueron vistas luego con vida en centros clandestinos de detención de Tucumán".
Asimismo, Moreno dispuso trabar embargo sobre los bienes de Luciano Benjamín Menéndez por la cantidad de 300 mil pesos, de Darío Otero Arán, Carlos Lucena y Daniel Rauzzino, por 100 mil pesos a cada uno de ellos.
Sobre la responsabilidad de los procesados, el juez recordó la estructura "verticular" que regía los ámbitos castrenses y ejemplificó que "Carlos Alberto Lucena era el vértice superior en la provincia, y nada se hacía en el ámbito castrense de la jurisdicción, sin que él lo ordenara".