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En la sesión de ayer de la Legislatura de Córdoba se aprobó la modificación de la ley sobre Seguridad Pública, invistiendo al personal del servicio penitenciario el “Estado Penitenciario”.

Previo a la aprobación del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo provincial, estaban en vigencia dos sistemas legales: uno se aplicaba al personal del Servicio Penitenciario que goza de “estado penitenciario”, y otro recaía sobre los empleados administrativos, profesionales y técnicos, enmarcados en otra ley.

En este sentido desde el Ejecutivo sostuvieron que “la dualidad normativa podría generar inconvenientes y confusiones no sólo al momento de determinar los ámbitos de competencia individuales del personal penitenciario, sino también respecto a la organización general del servicio, lo que resiente en definitiva el cumplimiento cabal de su cometido”.

Por esta razón ayer se aprobó el proyecto cuyo objetivo central es que todo el personal que cumpla funciones en el Servicio Penitenciario provincial se encuentre investido del “estado penitenciario”, con sus derechos y obligaciones claramente establecidos.

Sin embargo los bloques de la Unión Cívica Radical, Concertación Plural, Coalición Cívica y el Frente Cívico y Social rechazaron el proyecto de ley por considerarlo “extemporáneo, esto es algo que no puede ser tratado hoy: primero saneamos la caja de jubilaciones y luego tratamos todo lo que hay detrás”, tal como indicó la legisladora Silvia Rivero (Concertación Plural).

Por su parte el legislador de Unión por Córdoba, Enrique Sella, sostuvo que “no existe personal en el servicio que no tenga ‘estado penitenciario’ para poder cumplir su obligación impuesta por ley, motivación del presente proyecto de ley, lo que en definitiva se traduce en una adecuada organización para el mejor cumplimiento de sus fines”.