Instituciones en peligro de extinción
En la 5ª sesión plenaria del Poder Unicameral a desarrollarse en horas del mediodía, tomarán estado parlamentario dos proyectos de resolución, mediante los cuales la parlamentaria vecinalista, Modesta Genesio de Stabio, solicita al gobierno de Juan Schiaretti, los motivos por los cuales no se encuentra funcionando tanto el Consejo Económico y Social como el de Partidos Políticos.
Las iniciativas serán giradas a la comisión de Legislación General, que preside el Delasotista Sergio Busso (UPC-FPV), y en ese ámbito de discusión, sería oportuno saber las razones administrativas, políticas o ideológicas, por el cual ambas instituciones con rango Constitucional brillan por su ausencia.
“Este órgano de consulta de los poderes públicos (por el Consejo Económico y Social), no esta funcionando y es otra de las instituciones que se encuentra en decadencia a raíz de la crisis electoral de la ultima elección provincial”, afirma acotadamente la autora sobre este organismo que antes del pasado 2 de septiembre ya tenía el carnet de defunción.
La flamante legisladora de aceptable participación tanto en comisión como en el recinto legislativo, sostiene que “el Consejo Económico Social y el Consejo de Partidos Políticos han perdido autoridad credibilidad y respeto. Es de suma importancia saber que el Consejo Económico y Social tiene una partida asignada en el Presupuesto, y que juntamente con el Consejo de Partidos Políticos se encuentran en la orbita del Ministerio de Gobierno”.
Finalmente la impulsora de sendas propuestas exteriorizó que “la Constitución de la Provincia de Córdoba expresa el anhelo de una sociedad pluralista y de la real y efectiva participación política de la ciudadanía. Consecuente con esa aspiración ha otorgado jerarquía constitucional al Consejo de Partidos Políticos”.
Otras de las instituciones que está pugnando por no perder la “categoría”, es la Defensoría del Pueblo de la Provincia a cargo de Jessica Valentini, que si bien funciona orgánicamente en Tucumán 25, el hecho de no contar con el instrumento de legitimación procesal la ha convertido en una gran y obsoleta “gestora profesional”.