Sentencia Previa
En un juicio simbólico, un jurado integrado por las Madres de Plaza de Mayo resolvió ayer declarar "culpable" al ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, por los delitos de "genocidio" represivo y económico, y lo condenó a la pena de "reclusión perpetua por tiempo indeterminado".
Con este juicio "simbólico", que tuvo un objetivo "ético", la Fundación Madres de Plaza de Mayo intentó concretar lo que el Poder Judicial aún no resolvió, que es llevar a juicio al ex ministro de Economía de la Dictadura y representante del establishment económico de esa época.
"A Martínez de Hoz le cabe la misma responsabilidad que a la Junta Militar, por ser funcional a sus intereses", que dejaron 30.000 desaparecidos, 9.000 presos políticos, miles de personas asesinadas, más de un millón de exiliados, y cientos de niños apropiados", dijo Eduardo Barcesat que, junto con Hebe de Bonafini, integró el Tribunal de acusación que ayer funcionó en la Plaza de Mayo.
En la Plaza, en 1977 las Madres realizaron su primera ronda en torno a la Pirámide de Mayo para reclamar a la dictadura por los desaparecidos.
A Martínez de Hoz también le cabe, según señaló el "tribunal", "la responsabilidad del genocidio del hambre" que generó su política económica, basada en la "desindustrialización" y "endeudamiento externo".
"Que todos sepan quienes son estos personajes, muy emparentados con lo que hoy es el sector llamado del campo, que también busca desestabilizar" al gobierno, dijo durante la exposición de sus fundamentos la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
Agregó que a este juicio le seguirán otros, a "obispos, representantes de la burocracia sindical y periodistas" que fueron "cómplices" de la dictadura, y dijo que "cuando los pueblos condenan son cada vez más libres".
Entre el público que constituyó el jurado en este juicio, estuvo presente el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, y el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alem.
En este contexto, el Tribunal le pidió al Congreso que "salga de su letargo" y "dé nulidad" a normas que fueron dictadas durante el gobierno de los militares.
Entre ellas se mencionó "la norma que permite que todos los contratos de la deuda externa argentina estén sometidos a ley y tribunales extranjeros", y a "los 57 tratados bilaterales de inversión que imponen también la ley y los tribunales extranjeros".
También se reclamó que vuelva a tener vigencia el impuesto a la herencia, derogado durante la dictadura y que "impone la transmisión gratuita de los latifundios", y que se modifique la ley de Reforma Financiera y se anule la deuda externa contraída durante la dictadura militar.
Previo a los fundamentos jurídicos y políticos de esta condena, dieron su testimonio en un estrado armado en el centro de la Plaza de Mayo, Felisa Miceli (ex ministra de Economía), Julio Piumato (líder gremial de los judiciales), Alberto Piccini (actual titular de la UOM de Villa Constitución y ex obrero de Acindar, detenido en 1977 durante siete años tras protagonizar un reclamo a las autoridades de Acindar, entre ellos Martínez de Hoz) y Pablo Llonto (psicólogo e historiador).
Fueron fiscales en este juicio, los abogados Antonio Rojas Salinas y Sergio Gandolfo, y el licenciado Andrés Asiaín, en tanto que la defensa, que nadie quiso asumir, se constituyó con audios con dichos del propio acusado respecto al plan económico que llevó adelante en el tiempo que duró la dictadura.
"Recurran a los poderes constituidos para lograr la nulificación y derogación de todas las leyes vigentes que son violatorias de la soberanía nacional e inciden en la distribución de la riqueza", dijo Barcesat.
Expresó también su deseo de que este juicio ético actúe como un "acicate" o "impulsador de aquello que necesariamente deberá ser transitado ante el tribunal judicial" y advirtió al Ministerio Público de la Nación que "es indispensable juzgar a todos los que han tenido participación como autores directos, mediatos, partícipes necesarios o encubridores, en este genocidio".
"La responsabilidad no se agota en los ejecutores del plan, está también en el genocidio silencioso del hambre como consecuencia de un plan económico para empobrecer al pueblo argentino, que se conjugó con el terrorismo de Estado", dijo Barcesat.
Tras la exposición de testigos, fiscales y tribunal, "quedó claro que el plan llevado adelante por Martínez de Hoz durante la dictadura militar formó parte de un proyecto que empezó antes y que "necesitaba de la desaparición forzada masiva de personas para su implementación", dijo el abogado.