Cada cosa en su Lugar
La Procuración General de la Nación instó a la Corte Suprema de Justicia a que derive al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) todos los exámenes de ADN en curso para confirmar la identidad de bebés presuntamente apropiados durante el terrorismo de Estado.
El organismo del que dependen todos los fiscales hizo el pedido al reclamarle a al máximo tribunal que aplique la recientemente sancionada ley 26.148 y ordene al Cuerpo Médico Forense (CPM) que desista de esa atribución, solicitada por algunos jueces a instancias de particulares.
En el trámite judicial para determinar la identidad de sus dos hijos, cuya filiación es reclamada por dos familias de desaparecidos, la empresaria Ernestina Herrera de Noble pidió que los exámenes fueran realizados por los peritos de la Corte.
Por medio de un oficio de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el Terrorismo de Estado, a cargo de Jorge Auat y Pablo Parenti, la Procuración requirió a la Corte Suprema que ordene a su Cuerpo Médico Forense el comportamiento a seguir en estos casos.
La unidad fiscal pidió concretamente que el CMF "no intervenga en este tipo de peritajes o bien que reenvíe al Banco Nacional de Datos Genéticos todo peritaje genético que le haya sido encomendado en el marco de una causa por apropiación de menores cometida en el marco del terrorismo de Estado".
La nueva ley del Banco nacional de datos Genéticos fue sancionada con el voto unánime del Senado el mes pasado y convirtió en norma un proyecto promovido por las Abuelas de Plaza de Mayo, que establece taxativamente que los análisis de ADN debe ser realizados por ese organismo.
Aunque la antigua ley disponía que el Banco fuera el único órgano donde debían realizarse análisis para esclarecer la filiación de una persona, algunos jueces dispusieron que los exámenes lo efectuaran en el Cuerpo Médico Forense, órgano que los delegó en laboratorios privados dado que carece del instrumental necesario.
De esa forma se dificultaba el entrecruzamiento con el universo de familiares que buscan a los niños desaparecidos, cuyo ADN se encuentra reservado en el Banco, prolongando excesivamente los procesos judiciales.