Senn cada vez más complicado

Tal como lo anunciara Cónclave Político, los bloques opositores en la Legislatura de Córdoba presentaron ayer la cuestión de privilegio en contra el legislador de Unión por Córdoba, Horaldo Senn, por su presunta vinculación con violaciones a los derechos humanos perpetrados en la provincia de Santa Fe, durante la última dictadura militar, y le exigieron su renuncia.

Por su parte el legislador oficialista Carlos Alesandri aseguró que Senn debería presentarse a declarar en los Tribunales de Santa Fe en lugar de presentar un escrito y para ello debería “al menos” tomar licencia; y también exigió que el diputado nacional Carlos Aguad aclare su supuesta vinculación con la Dirección de Inteligencia de la Policía de Córdoba cuando era Ministro de Asuntos Institucionales durante el gobierno de Ramón Mestre, según las declaraciones de un testigo durante el segundo juicio a Luciano Benjamín Menéndez e integrantes de la D2.

Es que ayer Senn presentó  una declaración ante la justicia de Santa Fe en la que negó “en forma categórica y terminante” los hechos que se le atribuyen y se puso a disposición del Tribunal para que lo investigue.

En el marco del juicio que se desarrolla en esa provincia que tiene como principales acusados al ex juez Víctor Brusa y a cinco ex policías, uno de los abogados querellante en la causa, Horacio Coutaz, pidió que se investigue a Senn por la presunta "comisión de delitos de lesa humanidad", a raíz de la declaración de Carlos Chiarulli que mencionó al parlamentario como una de las personas que presenciaban “sesiones de tortura”, además de responsabilizarlo por la caída de mucha gente en los centros clandestinos de detención.

En este sentido los bloques opositores del Frente Cívico y Social, Concertación Plural, Coalición Cívica, Izquierda Socialista, Unión Vecinal Federal y Vecinalismo Independiente presentaron ayer una cuestión de privilegio contra Senn por su presunta vinculación con violaciones a los derechos humanos, y además solicitaron que se suspenda en sus funciones al legislador.

“Ante tamaños delitos, creemos pertinente y oportuno separar del cargo al legislador hasta tanto se determine su responsabilidad en los hechos denunciados”, expresan en el documento.

Por su parte su compañero de bloque, Carlos Alesandri, indicó que pese a que Senn “tiene todo su derecho de legítima defensa, si tiene la conciencia tranquila tendría que pedir una licencia, presentarse en la justicia y que se esclarezca esto”.

Además manifestó  que si el bloque de la Unión Cívica Radical decide acompañar la cuestión de privilegio que iniciaron los demás bloques de la oposición, deberían primero “pedirle a Aguad que aclare su situación ante el testimonio de Urquiza”.

Es que el pasado 5 de noviembre, durante la octava jornada del juicio contra el represor Menéndez e integrantes de la D2 durante la última dictadura militar, el testigo Luis Alberto Urquía declaró que uno de los represores, Carlos “el Tucán” Yanicelli, estaba desempeñándose como Jefe de Inteligencia Criminal durante el gobierno de Ramón Mestre, designado por Aguad.

Urquíz, ex guardia de la D2 secuestrado y torturado por sus compañeros que lo consideraban “subversivo” porque estudiaba psicología, dijo que luego de ser liberado se tuvo que exiliar en Copenhaue, Dinamarca y que volvió al país en el año 1993, radicándose en Villa Allende.

En el año 1997, a través de una publicación de la prensa, se enteró que el Tucán era funcionario del gobernador Mestre, designado por el Ministro de Asuntos Institucionales, Oscar Aguad.

A partir de esta desagradable noticia Urquía envió una carta al gobernador y a los medias a través de la cual denunciaba la incoherencia de que Yanicelli se desempeñara como jefe de Inteligencia Criminal habiendo sido un torturador.

A raíz de su nota llegó a reunirse con Aguad, quien destacó que el Tucán era un excelente policía que colaboraba con el gobierno para detectar infiltrados en las manifestaciones y le aclaró que no lo iba a dar de baja porque quería “evitar una sangría” en la policía.

Sin embargo se le inició un sumario administrativo a Yanicelli y cuando llegó el turno de la declaración de Urquía, comenzó a recibir amenazas por teléfono, autos Ford Falcon en la puerta de su casa, entre otras, por lo que el gobierno le ofreció vigilancia de parte del ETER.

Esta situación lo obligó a irse del país, autocalificándose como “uno de los primeros exiliados en democracia”, ya que no podía soportar que en plena democracia sus hijas tuvieran que ir a la escuela custodiadas.