Una Vida no Basta
El juicio oral y público que se sigue en Santa Fe contra seis acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar inició ayer la etapa de alegatos, donde las partes querellantes solicitaron 25 años de prisión para los imputados, dijeron voceros judiciales.
Los acusados son el ex juez Víctor Brusa y cinco ex policías: Mario Facino, Juan Calixto Perizzotti, María Eva Aebi, Héctor Colombini y Eduardo Ramos.
La acusación está dividida en tres: Horacio Coutaz alegó por todos los hechos y todas las víctimas en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y solicitó la pena de 25 años de prisión para todos los imputados.
Luego, era el turno de los abogados Guillermo Munné, en representación de seis querellantes en el juicio: Anatilde Bugna, Patricia Traba, Stella Vallejos, Jorge Pedraza, Daniel García y Alba Sánchez; y Leticia Faccendini y Jesica Pellegrini, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), que patrocinan a otros dos querellantes: José Schulman y Patricia Isasa.
Antes del alegato de Coutaz se llevó a cabo la "clausura de la etapa probatoria", con la incorporación de la declaración testimonial en Instrucción de Eduardo Alfredo Almada, además de otros elementos ofrecidos al Tribunal por las partes.
Almada era una de las 14 víctimas del juicio y a raíz de su muerte en un accidente en 2006 el jurado analizó si correspondía tener en cuenta su declaración.
Coutaz realizó una larga alocución que se basó en la postura de rechazar la "teoría de los dos demonios" y afirmar que de 1975 en adelante "no hubo ninguna guerra", además de rebatir la obediencia debida como "un modo válido y legítimo".
Para el querellante, los "aberrantes delitos" cometidos por el terrorismo de Estado son perseguidos en base a la "imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad".
El abogado hizo referencia a cada una de las víctimas y las persecuciones y tormentos a los que fueron sometidos.
Presenciaron su alegato los acusados Brusa, María Eva Aebi y Juan Calixto Perizzotti, en tanto Eduardo Ramos, Mario Facino y Héctor Colombini que pidieron ser retirados de la sala de audiencias.
Brusa es acusado por "apremios ilegales" en ocho casos, mientras que los demás están imputados por "privación ilegal de la libertad y tormentos": Ramos en ocho casos, Colombini en seis; Perizzotti y Aebi en cinco y Facino en tres (más uno de tormentos).
Además de la situación de los acusados en el juicio, la querella solicita que a Eduardo Córdoba (ex chofer de Perizotti) y a Jorge Nuñez (escribiente en el Juzgado Federal) se les impute falso testimonio.
La querella solicitó además una larga lista de acciones que involucra a funcionarios policiales de la época que se investiga, ya que a lo largo del juicio surgieron indicios de la comisión de delitos.
En ese sentido, solicitó la remisión de copias de lo actuado al Juzgado Federal de Santa Fe, para que se investigue al ex funcionario judicial Víctor Montti, a un ex preso en la cárcel de Coronda conocido como Castro Lagos, y la profundización de la investigación sobre lo actuado por responsables de comisarías, ex militares, civiles y abogados.
Luego de los alegatos de los querellantes será el turno de los fiscales Suárez Faisal y Candioti, que alegarán por todos los hechos y todas las víctimas y plantearán la calificación legal y la responsabilidad de los imputados.
En tanto, la próxima semana será el momento de las defensas: Brusa y Aebi son patrocinados por el defensor oficial Fabio Procajlo; Facino y Ramos por la defensora oficial Judith Didier y la doctora Adriana Gastaldi; y Perizzotti y Colombini por sus abogados, Claudio Torres del Sel y Gastón Caglia, respectivamente.
El juicio comenzó el 1 de septiembre y durante las audiencias declararon más de 100 testigos ante un Tribunal integrado por el juez subrogante Roberto López Arango (del Tribunal Oral de Paraná), los conjueces santafesinos Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus, y la jueza vocal del Tribunal Oral de Paraná, Lilia Carnero.