ABORTOS EN EL NEONATAL: LA VERDAD OCULTADA POR SCHIARETTI EN LA CAUSA BRENDA AGUERO
Cuando las autoridades provinciales tomaron cuenta que en el Hospital Neonatal de Córdoba estaban muriendo bebés sanos y otros enfermaban sin razón aparente, comenzó a tejerse un entramado de encubrimiento para evadir responsabilidades y no poner en riesgo el poder en Córdoba ante el inminente proceso electoral de 2023.
En cambio, la historia terminó con la condena a prisión perpetua de la enfermera Brenda Agüero acusada de ser la única autora material de asesinatos en serie durante su trabajo en el servicio de neonatología. Según la hipótesis del fiscal Raúl Garzón quien llevó adelante la instrucción de la causa, durante un lapso de tres meses Agüero decidió atacar a trece bebes sanos asesinando a cinco de ellos.
La sentencia del caso Neonatal distingue claramente entre autoría directa y responsabilidades institucionales. La enfermera Brenda Cecilia Agüero fue la única condenada como autora material de los hechos y recibió prisión perpetua por homicidio calificado reiterado y tentativas. El tribunal entendió que tuvo intervención directa en los episodios que derivaron en muertes y descompensaciones de recién nacidos.
Pero esta no sería toda la verdad. El entonces Ministro de Salud de la provincia explicó en cuatro audios, que, como máxima autoridad sanitaria de la provincia lo primero que hizo fue estudiar las historias clínicas de los trece casos en las que no encontró ninguna evidencia que comprobara la existencia de una asesina serial.
Después de analizar las historias clínicas de los bebes y sus madres, Cardozzo encontró que de las trece víctimas cuatro presentaban pinchaduras de jeringas, pero no era ninguna de las cinco víctimas fatales.
En casi todos los bebés se encontró un proceso infeccioso sistémico como elemento central. En uno de los pacientes se documentó una rotura permanente de membranas con 48 horas de evolución, condición ampliamente reconocida como factor de riesgo para el desarrollo de sepsis neonatal.
Este antecedente, por sí solo, podría explicar la evolución desfavorable del cuadro. Asimismo, otro de los pacientes presentó un episodio de hipotermia, signo clínico que lejos de ser inespecífico en el periodo neonatal suele asociarse a infecciones graves como sepsis.
Varios pacientes presentaron recuentos leucocitarios significativamente elevados (41.000, 21.000, 27.000, 23.0000, 35.000, 48.000 y 31.000 glóbulos blancos) configurando un patrón compatible con respuesta inflamatoria sistemática, frecuentemente observado en contextos de sepsis.
Resultó llamativa la escasez de datos específicos sobre hemocultivos, a pesar de que en más de un caso se reportaron resultados positivos para gérmenes, entre ellos Enterobacter cloacae. Este microorganismo de carácter oportunista puede encontrarse en el ambiente hospitalario y sugiere la posibilidad de transmisión intrahospitalaria, potencialmente asociada a fallas en las medidas de control de infecciones.
La concurrencia de estos elementos clínicos refuerza la hipótesis de un proceso infecciosos subyacente, un agente ambiental común que haya favorecido la aparición de cuadros sépticos en los recién nacidos, hipótesis que debería haber sido investigada mediante estudios epidemiológicos y de control de infecciones.
Lo que en realidad había en el Hospital Neonatal era descontrol, un desmadre, que se profundizó a partir de enero de 2021 por la implementación de la ley nacional 27610 que garantizó el derecho al aborto legal, seguro y gratuito hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional, sin necesidad de justificar la decisión.
Hay que considerar esto en su justa dimensión. El centro público provincial de tercer nivel enfocado en atención ginecológica, obstétrica y cuidados críticos del recién nacido, sus médicos, enfermeras, profesionales y especialistas que decidieron dedicar su carrera profesional al cuidado del inicio de la vida, tenían que darle forma y sustento a un matadero, al asesinato de un ser al que hasta aquí debían velar por su salubridad.
Esto fue disruptivo para la Institución y para sus profesionales, fue como juntar el cielo y el infierno en un mismo lugar.
Durante el año 2022, según datos oficiales proporcionados por la Dirección de Jurisdicción de Juventudes Adolescencia y Adultez de la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, el Hospital Neonatal practicó 265 abortos, uno cada 32 horas.
Problemas en la gestión de los restos humanos descartados por estas prácticas, en la descontaminación de instrumentos médicos y una fuerte interna política en el gobierno respecto al rol del Hospital Neonatal en prácticas abortivas junto a la compra de fármacos específicos para estos procedimientos convirtieron a la institución en un loquero donde la violencia obstetricia se normalizó y provocó un desmadre institucional.
Infecciones en doce de los trece bebés es suficiente evidencia de que las cosas en esta institución modelo estaban fuera de control. Tanto que el ocho de septiembre de 2022, en medio de la investigación por la muerte de los bebés, el Ministerio de Salud de la Provincia informó que durante la limpieza semanal apreció en la cámara séptica del Hospital Neonatal un feto de ocho centímetros de longitud, 30 gramos de peso y aproximadamente 12 semanas de gestación.
En su análisis, el exministro de salud de la provincia observó incongruencias pero no encontró evidencia alguna de la de la existencia de una asesina serial. Y estaba dispuesto a declararlo ante el fiscal.
Para llevar los resultados de su investigación ante la fiscalía, Cardozo contrató como su abogado al ex Fiscal General de la Provincia, Darío Vezzaro. El letrado le tomó la testimonial, el exministro aportó la documentación que respaldaba su declaración y que conservaba en su computadora personal.
Vezzaro se comunicó con Garzón para adelantarle que su defendido declararía ante la fiscalía con una versión que iría en contra de lo que la investigación judicial estaba llevando adelante como principal hipótesis, postura que hizo pública a través de los medios de comunicación el 27 de septiembre de 2022.
Tras conocerse que Cardozo presentaría una nueva conjetura acerca de las razones que derivaron en la muerte de cinco bebes en el Hospital Neonatal, la flamante Ministra de Justicia de la Provincia de Córdoba, Laura Echenique, (asumió su cargo una semana antes en reemplazo de Julián López), se comunicó con el ex Ministro de Salud para notificarle que debía cambiar de abogado y que su declaración no podía contradecir la investigación judicial.
En esa comunicación Cardozo le explicó que Vezzaro ya había realizado todo el trabajo, tenía horas grabadas con su declaración y los escritos preparados para presentarse ante la justicia. La Ministra fue tajante y le advirtió que eran órdenes del entonces gobernador Juan Schiaretti.
El 28 de septiembre, el día que debía declarar ante el fiscal Garzón, Cardozzo se vió sorprendido en su domicilio por un allanamiento judicial que lo primero que incautó fue su computadora personal donde tenía las pruebas que respaldarían su declaración desestimando la existencia de una asesina serial.
Días antes, el 23 de Septiembre cuando Vezzaro trabajaba en la defensa de Cardozo, Juan Alberto Emmanuel Nardi Huenz, un exempleado contratado del Ministerio de Salud presentó una denuncia junto a su abogado, Carlos Nayi, por graves irregularidades y presunto robo de insumos en la Farmacia Central del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba.
Entre esta denuncia y la comunicación que recibió de la enontonces Ministra de Justicia, Cardozo se presentó el 28 de septiembre ante el Fiscal Garzón y acorralado, se negó a declarar.
Con posterioridad, se reportó que del departamento del denunciante robaron una carpeta que contenía pruebas documentales y fotos que respaldaban la denuncia sobre la farmacia central.
En los audios, Cardozo revela un desmadre total en el Hospital Neonantal. Las cuatro grabaciones, obtenidas a través de un invaluable trabajo periodístico de Mimi Spicher fueron aportados a la justicia por el ex legislador de Encuentro Vecinal Córdoba, Aurelio García Elorrio.
Elorrio iba a ser un testigo clave convocado por el abogado Gustavo Nievas, defensor de Brenda Aguero, pero días antes de comparecer se enteró en tribunales que el abogado defensor inexplicablemente había desistido de su testimonio y de los audios que explicaban otra verdad.
El exlegislador se presentó ante la fiscalía y realizó una denuncia para que la Justicia incorporara los audios durante el juicio que se estaba llevando adelante, pero eso no sucedió. Pese a la envergadura de las declaraciones de quien era la máxima autoridad sanitaria provincial sobre lo sucedido en el Neonatal, el abogado defensor primero y la justicia después decidieron omitirlo. En cambio y de manera sesgada se investigaron extraños pinchazos que aparecieron en los recién nacidos.
Esta versión de los hechos surgió después de una misteriosa reunión secreta el 16 de mayo de 2022 entre el fiscal Guillermo González, el forense David Dib y el exsubdirector del Hospital Neonatal, Alejandro Escudero Salama para “asesorarse” sobre cómo proceder frente a lo que estaba sucediendo con los bebes recién nacidos.
Resulta extraño que habiendo departamentos de asuntos legales tanto en el Hospital como en el Ministerio de Salud sus autoridades optaran por reunirse clandestinamente con funcionarios judiciales sobre una cuestión institucional tan delicada.
Pero no es extraña la reunión. Alejandro Escudero Salama es un abogado designado poco meses antes por el gobernador Juan Shiarttiaretti, en noviembre de 2021, bajo el cargo formal de Subdirector de Gestión Administrativa (también referido en las actas como Subdirector de Gestión Hospitalaria). Liliana Asís, Directora del Hospital quedó atada de pies y manos.
El Fiscal Guillermo González, es quien se jacta de obedecer órdenes del poder y archivar causas cada vez que lo llaman a su despacho. Dib, es el jefe del Instituto de Medicina Forense (IMF) del Poder Judicial. Su trabajo se ha centrado a lo largo de su carrera en desplegar metódicamente el desarrollo y la validez del proceso por el cual la prueba forense se presenta durante un juicio. Un perito declara en calidad de testigo.
Fue el fiscal de la causa del Neonatal, Raúl Garzón, quien denunció e investigó la existencia de esta reunión. Pese al flagrante delito que cometieron los funcionarios públicos al no denunciar los hechos de los que tomaron conocimientos como los obliga el Artículo 177, inciso 1° del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), Ley 23.984, el fiscal Iván Rodríguez en quien recayó la instrucción la archivó.
Pero la jueza de control Anahí Hampartzounian (Juzgado de Control y Faltas N° 4) rechazó el archivo dispuesto por el fiscal. Ante la disidencia, debió expedirse el fiscal Jorge Leiva de la Camara de Acusación quien confirmó la inexistencia del delito.
De acuerdo con los fundamentos del fallo que condenó a Brenda Agüero a prisión perpetua, el tribunal encontró un punto de apoyo decisivo: en todos los episodios relevantes, una misma persona estaba presente.
A partir de allí avanzó sobre una idea que terminó siendo central: lo que no podía explicarse por la medicina, debía explicarse por la acción humana. Y dentro de ese razonamiento, la coincidencia dejó de ser coincidencia para transformarse en evidencia. No hubo testigos. No hubo cámaras. No hubo una sustancia identificada con certeza en todos los casos.
Pero hubo algo más poderoso: una secuencia que, repetida una y otra vez, convenció al tribunal de que no podía ser casual. En varios tramos de la sentencia se reconoce que el mecanismo no pudo determinarse con precisión. Se habla de sustancias “presumibles”, de inyecciones “no especificadas”, de causas que no siempre pudieron establecerse de forma concluyente.
Es decir: el fallo afirma qué ocurrió, pero no logra explicar completamente cómo. El razonamiento judicial siguió una lógica clara: Si no hay causa natural, si los eventos se repiten, si hay una única constante, entonces, esa constante es la causa.
Pero ese tipo de inferencia, basada en la exclusión de alternativas como la investigación del ex Ministro de Salud en ese momento pero que el tribunal deliberadamente optó por no incluir en el proceso judicial.
“La ausencia de explicación no puede convertirse automáticamente en prueba de culpabilidad”, desliza un especialista en derecho penal consultado por este medio.
Liliana Asís (Exdirectora del Hospital) fue condenada a 5 años de prisión por encubrimiento agravado y omisión de deberes de funcionario público. Alejandro Escudero Salama (Exsubdirector médico): Condenado a 5 años de prisión por encubrimiento y falsedad ideológica. Marta Gómez Flores (Exjefa de Neonatología): Condenada a 5 años de prisión por encubrimiento agravado. Adriana Morales (Médica): Condenada a 5 años de prisión por encubrimiento agravado. Pablo Carvajal (Exsecretario de Salud): Condenado a 4 años de prisión por encubrimiento y omisión.
Diego Cardozo (Exministro de Salud de Córdoba) fue absuelto por mayoría de los votos (con el apoyo de todos los jurados populares) de los cargos de encubrimiento agravado y omisión de deberes.
Alejandro Gauto (Exdirector de legales del Ministerio), María Alejandra Luján (Médica) y Alicia Arica (Jefa de enfermería) fueron absueltos. Varios de los otros médicos imputados recibieron absoluciones por ciertos cargos o fueron absueltos por unanimidad de los cargos más graves.
Ahora se prepara lo que será el próximo capítulo: el recurso de casación. Allí, los cuestionamientos ya tienen forma como la falta de determinación concreta del mecanismo, la ausencia de prueba directa, la utilización de indicios que no serían unívocos y la incorporación de los audios de Cardozo.
El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba tiene la responsabilidad histórica en esta instancia, no solo de esclarecer el juicio más importante en nuestra historia institucional, sino que además, debe ponerle un límite al poder político. Porque deben tener límites.
Gaston Gracia Daponte
Periodista