Bonos, solo para proveedores

03/12/2009
Provinciales - Finanzas Complicadas
alternative
Sería la salida más viable a la difícil situación financiera de Córdoba. Lo harían a través de una ley que ya se aprobó y que permitió el endeudamiento por 500 millones de pesos a pesar del envio de 320 millones que realizará la nación los próximos días

Ante la difícil situación financiera que atraviesa Córdoba sería casi imposible que se pudiera emitir bonos como cuasimonedas ya que esta acción complicaría el escenario internacional del país y podría hasta terminar con la orden de intervención por parte del gobierno nacional. 

A pesar de que el Gobierno de Córdoba y el Ministerio de Economía de la Nación firmarán hoy un acuerdo para el pago inmediato de 320 millones de pesos parte de los 508 millones que la nación le debe a la Provincia, las finanzas seguirán frágiles si persiste este retaceo de fondos por parte del gobierno nacional.

Entre mañana y pasado la Nación depositará el total del compromiso asumido cancelando solo una parte de la deuda por la compensación del déficit de la Caja de Jubilaciones y de Programa de Asistencia Financiera (PAF).

Como contrapartida, la Provincia por su parte se comprometió a retirar las dos medidas cautelares presentadas ante la Corte Suprema de Justicia reclamando estos fondos pero continuaría con la demanda por la deuda con la Caja de Jubilaciones correspondiente al período 2002-2007.

Ante el anuncio de Angel Mario Elletore, Ministro de Finanzas de la provincia ayer por la mañana de que no descartaba pagar el aguinaldo con bonos (ver video) si la nación no cumplia con la deuda que mantiene con Córdoba, ejerció la presión final y amenazó al gobierno central con la emisión de cuasimonedas.

Como salida a la escasez de recursos, que podría continuar en caso de que siga el retaseo de fondos, la provincia podría emitir un bono por 350 millones de dólares, solo para el pago de proveedores utilizando una ley que ya fue aprobada por la Unicameral hace algunos meses atrás.

Se trata de la ley 9489 que autorizó el endeudamiento de la provincia por 500 millones de dólares, de donde solo se utilizaron 150 millones para la emisión de bonos Boncor que serán colocados próximamente en el mercado. 

Quedarían entonces casi 1350 millones de pesos para poder emitir un bono que el ejecutivo provincial pensaría utilizar para el pago a proveedores y con esto conseguir oxigenación en el manejo de  fondos líquidos. 

Actualmente la deuda flotante de la provincia alcanzaría unos cuatrocientos millones de pesos, de los cuáles habría sólo ochenta millones con orden de pago mientras el resto se encuentra sólo devengado. 

La otra posibilidad, casi inviable, es la de emitir bonos como cuasimonedas, es decir como dinero circulante. Para hacerlo la provincia debería transitar un camino complicado y escabroso de consecuencias políticas inimaginables. 

Primero debería  deshacer la adhesión a la nueva ley de responsabilidad fiscal que se aprobó la semana pasada junto con el presupuesto 2010, que establece la imposibilidad de emitir cuasimonedas. 

Luego debería a través de la sanción de una ley en la Unicameral, declarar la emergencia económica y debería justificar los motivos para hacerlo, ya que la deuda de la nación no bastaría para hacerlo. 

Recién después de todo esto, Schiaretti podría emitir bonos, pero inmediatamente comenzaría a sufrir castigos por parte del gobierno nacional, comenzando por no financiarle más la deuda que Córdoba tiene y comenzar a quitarle este monto de la coparticipación. 

Actualmente la deuda que la provincia mantiene con la nación es refinanciada a través del Programa de Asistencia Financiera (PAF) y se renueva año tras año. En 2010 Córdoba tiene previstos un total de vencimientos de deuda por 1400 millones de los cuáles mil pertenecen a deuda con la nación. 

Por un lado el gobierno nacional se vería complicado en las negociaciones con los holdouts y con los organismos internacionales poniendo en riesgo su vuelta al mercado de capitales internacionales y por el otro Córdoba vería afectada su gobernabilidad y se incrementaría la conflictividad social llevando al gobierno nacional a ordenar la intervención revirtiendo la emisión de bonos para garantizarse el acceso a la comunidad financiera internacional.