Un día Mas es un día Menos
Organizaciones de derechos humanos de Salta, Orán y Córdoba cuestionaron las repetidas postergaciones dispuestas en el primer juicio de lesa humanidad que se realiza en Salta, por la desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos, ocurrida en Tartagal, en 1978.
"Vamos a pedir una urgente intervención de la Corte Suprema de Justicia para que asegure la conformación permanente del tribunal que debe dictar sentencia en la causa abierta por el crimen de Aldo Melitón Bustos", anunció la abogada Tania Kiríaco, durante una conferencia de prensa.
La letrada y las organizaciones de derechos humanos manifestaron su preocupación ante las continúas postergaciones del proceso oral y público y ante la posibilidad de provocar la nulidad si persisten las suspensiones de las audiencias.
El juicio comenzó el miércoles 25 de noviembre, dos días después del establecido inicialmente, pero tras esa primera audiencia se sucedieron las postergaciones por distintos motivos, hasta el próximo lunes 7 de diciembre.
Se trata del primer juicio que por lesa humanidad se realiza en Salta, y los imputados son los militares retirados Luis Angel Gastón Zírpolo y Carlos Alberto Arias, por el delito de "privación ilegítima de la libertad, agravada por el empleo de violencia y por su duración, en concurso real con el delito de homicidio doblemente calificado en grado de partícipe primario".
El tribunal está integrado por Roberto Frías, actual presidente del Tribunal Oral Criminal Federal de Salta; Jorge Luis Villada, que preside la Cámara Federal de Apelaciones de Salta; y la jueza del Tribunal Oral Criminal federal de Jujuy, Marta Liliana Snopek, estos últimos en calidad subrogantes.
Los abogados querellantes elevarán un escrito al máximo tribunal judicial del país, para dejar sentado que el juicio fue abierto el 25 de noviembre, tras una primera postergación de dos días, y fue nuevamente suspendido el pasado lunes porque el presidente del Tribunal Oral sufrió una recaída en su enfermedad.
En ese sentido, las organizaciones de derechos humanos y los abogados querellantes cuestionaron que la justicia federal no haya previsto el reemplazo del titular del Tribunal Oral para evitar demoras en el juicio, y recordaron que existe un cuarto juez, que es el camarista federal Luis Rabbi Baldi Cabanillas.
Bustos, que era docente y escribano -aunque tenía su matrícula suspendida por razones ideológicas- fue secuestrado el 2 de febrero de 1978, desde su domicilio de Tartagal.