El Iluminismo

El Defensor del Pueblo de Córdoba, Mario Decara, advirtió ayer que “hay inequidad” en la nueva organización del consumo del servicio de energía eléctrica de los consorcios que sufrieron incrementos de más del 60 por ciento en la factura y afecta a más de 90 mil familias, por lo que pidió “categorización diferenciada”.

Se trata del incremento por el cargo que cobra en las expensas, denominado “Servicio General”, que los consorcios de propiedad horizontal destinados a vivienda familiar abonan a EPEC y que se refiere a servicios esenciales, como ascensores, bombas de agua, iluminación de sectores comunes, portones, etcétera.

Por el uso de estos servicios, es común que el consumo de electricidad de los consorcios alcance el escalón más alto de la nueva categorización, y el incremento deben afrontarlo los particulares que allí habitan.

En este sentido, Decara sostuvo que “hay inequidad en esta rigidez de la nueva categorización, que castiga a un amplio sector de usuarios por consumos que son altos pero que escapan a decisiones personales, ya que están relacionados con el uso de servicios necesarios, básicos e indispensables”.

Además las desigualdades entre los usuarios radica, según el Defensor de Pueblo, en que en muchos casos se le cobre proporcionalmente más a una familia que vive en un edificio y no puede hacer nada para reducir el consumo general de energía, que a quienes hacen un auténtico derroche de electricidad.

Para el Ombudsman “es indispensable revisar el modo de facturación, como los incrementos de estos servicios generales, ya que generan consecuencias socioeconómicas de un alto impacto negativo en la gran mayoría de los grupos afectados”.

Es que en los edificios habitan familias que pertenecen a distintos sectores socioeconómicos, donde la mayoría de ellos pertenecen a la clase media, representado también por estudiantes que se radican en la ciudad para asistir a la universidad y jubilados que por seguridad optan por vivir en este tipo de inmuebles.