Psicodelia

En una maratónica sesión y en un caso único en la historia del Concejo Deliberante de Córdoba, se aprobó en general en primera lectura el proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo Municipal para crear el sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, eliminando los artículos que reflejaban la esencia de la iniciativa.

Es que el proyecto establecía la creación de un fondo constituido con una sobretasa al impuesto inmobiliario y automotor aplicable a partir de la primera cuota del 2010 para recaudar, luego de tres años, 10 millones de pesos destinados a este Sistema, y los concejales rechazaron los artículos que establecían estos aumentos.

Por lo tanto el Ejecutivo podrá aplicar este sistema de protección integral, pero tendrá que buscar la financiación desde otro lado, ya que si bien aún resta su tratamiento en audiencia pública y en segunda lectura, no podrá incorporar nuevos tributos o aumentos de los ya existentes.

Luego de la finalización de esta insólita votación, la disputa se desarrolló en torno a si se debía pasar a segunda lectura o no: como se habían eliminado los artículos que creaban al fondo y aumentaban los impuestos, muchos concejales consideraban innecesario el paso siguiente de la audiencia pública y la segunda lectura. 

Tras un extenso debate la votación decidió que el proyecto pasaría a segunda lectura, por lo que el presidente de la UCR, Marcelo Cossar, avisó a los ediles que “vamos a ir a la justicia ordinaria para evitar lo que es un precedente negativo, y es la posibilidad cierta que algo que hoy ha sido rechazado pueda después de la audiencia con sólo conseguir un voto más pueda ser incorporado estafando a los cordobeses que piden que se respete a la Carta Orgánica”. 

Porque si se plantearía financiar el Sistema de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de algún nuevo tributo o el aumento de los existentes sería una violación a la reglamentación y no se podría sostener porque es necesario el procedimiento de doble lectura y ayer se aprobó en primera lectura, por lo que no cabría ninguna posibilidad. 

El concejal del bloque Eva Duarte, Oscar Vera Barros, consideró que “es altamente peligroso decir por que una mayoría simple se interprete el contenido de una Carta Orgánica, cuando debemos entender que el paso es sumamente peligroso porque por vía de la interpretación estamos saltando por sobre la exigencia que toda modificación requiere una mayoría agravada”.

La iniciativa pretende establecer los nuevos paradigmas en protección de derechos de la niñez, es decir, promoción, participación, difusión, protección y restitución, convirtiendo a los niños en titulares de derechos, de acuerdo al ordenamiento nacional, para aplicarlos en la Municipalidad de Córdoba.

El proyecto de ordenanza pretende establecer los nuevos paradigmas en protección de derechos de la niñez, es decir, promoción, participación, difusión, protección y restitución, convirtiendo a los niños en titulares de derechos, de acuerdo a un ordenamiento nacional para aplicarlos en la Municipalidad.

Asimismo el proyecto establece tres niveles de intervención del estado municipal. El primero de ellos se prestará a partir de la creación del Centro de Atención Comunitaria para la Infancia y la Familia (CACIF).

Este Centro apuntará  a la aplicación de las políticas universales, a través de la participación de la comunidad para el fortalecimiento, la descentralización, gestión, promoción y fomento de estos derechos, con la participación activa de niños y adolescentes.

Este espacio será  para la detección de las violaciones contra los derechos establecidos en la Convención de Derechos del Niño, y un lugar de derivación, contención y acompañamiento.

Estos centros contarán con estimulación temprana en niños de 45 días a 3 años, espacio de apoyo escolar, de actividades socio recreativas, culturales, de educación al trabajo, entre otros.

El segundo nivel estará  integrado por los Servicios de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia (SPD), para restituir esos derechos vulnerados, detectando casos de desnutrición, deserción escolar y abusos.

Estas dependencias estarán integradas por abogados, psicólogos y asistentes sociales para tender a la restitución de los derechos vulnerados y la articulación de la solución local.

El tercer nivel es el encargado de la coordinación central con la Subdirección de la Niñez a través de programas especiales. A partir de aquí  se trabajará en conjunto con el gobierno de la provincia y el Poder Judicial.

Además se establece que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Desarrollo Social.