El artículo en cuestión fija 267 millones de pesos al presupuesto operativo de erogaciones de la Lotería, estimándose 400 millones de pesos el cálculo de recursos destinado a financiarlo, para solventar un convenio con una empresa extranjera con sede en Las Vegas para la inspección de tragamonedas; la incorporación de dos mil máquinas más y para la implementación de juegos con nuevas tecnologías (online).
Por lo tanto, Graglia rechazó la oferta de juegos de azar programados por la Lotería para el año que viene, “sin el desarrollo e implementación efectiva de políticas que permitan prevenir la ludopatía y sus terribles consecuencias”, sentenció.
Además a la preocupación que supone para el legislador oficialista el aumento en la oferta de juegos, se suma el punto que afirma “expresa y manifiestamente” que el incremento de la Lotería surgirá de la implementación de juegos online.
En este sentido, Graglia dijo que “las actividades presupuestas ya alarmantes para la lucha contra la ludopatía, se ven agravadas ante la falta de precisiones acerca de los recursos que la Lotería de Córdoba destinará efectivamente a la prevención de esta adicción; razonas más que suficientes para manifestar un llamado a las autoridades”.
El parlamentario oficialista ya había cuestionado durante el debate en primera lectura del proyecto del presupuesto la disparidad en el criterio de asignación de recursos a los programas y áreas destinados a la prevención del alcoholismo y drogadicción, abordados por la comisión presidida por él.
Tampoco había coincidido con el monto asignado al Concejo para la Planificación Estratégica porque “posee un presupuesto casi dos veces superior al de la Secretaría de Prevención que debe afrontar una multiplicidad de acciones para prevenir la drogadicción en el territorio provincial”, había dicho Graglia en aquella oportunidad.
Otra cuestión “alarmante” para el parlamentario oficialista era la “desproporcionalidad” entre los recursos asignados para la celebración del Bicentenario de la Patria (50 millones de pesos), “que representa más del 70 por ciento del presupuesto que el Estado provincial destina al funcionamiento del poder legislativo”, había agregado el legislador.
