El año en que la corte zanjó el debate sobre el derecho al aborto
La Corte Suprema de Justicia de la Nación zanjó durante 2012 el debate abierto sobre el acceso de la mujer a sus derechos sexuales y reproductivos, al convalidar la posibilidad de la interrupción del embarazo en casos de violación.
En un fallo fechado el 13 de marzo, el máximo tribunal determinó también que la solicitante y los médicos que la asistan están exentos de pena, para lo cual la mujer deberá completar una declaración jurada dejando constancia del delito del que fue víctima para que los profesionales puedan efectuar el aborto sin responsabilidad penal.
Así, la Corte terminó con las interpretaciones realizadas al inciso b) del artículo 86 del Código Penal y dejó en claro que toda mujer víctima de violación puede acceder a la interrupción del embarazo y que no se debe judicializar la práctica.
También ordenó que, por la gravedad y trascendencia social del tema, los organismos nacionales y provinciales tomen las medidas necesarias para brindar a las mujeres "la asistencia adecuada para resguardar su salud y la integridad física.
Además, la CSJ exhortó a las autoridades de todas las jurisdicciones a "implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de delitos sexuales.
"Sin duda alguna esta decisión judicial representa un gran paso en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres", dijo a Télam Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justica y Género (ELA).
Para la abogada, la Corte "asumió con valentía el rol que le tocaba cumplir, y ha cristalizado constitucionalmente los argumentos de derecho internacional que otorgan autonomía a las mujeres, respetando sus derechos sexuales y reproductivos".
Conocido el fallo, una docena de provincias comenzaron a emitir protocolos para adecuar sus prácticas de salud. Algunos en concordancia con los derechos protegidos por la justicia y otros cuestionados por no responder en un todo a lo dispuesto por la Corte.
Es lo que ocurrió en Ciudad de Buenos Aires, cuando en septiembre, el Gobierno porteño reglamentó el procedimiento para la interrupción de embarazos en los casos contemplados por la ley, norma que fue considerada por la oposición un "grave retroceso" y un "instrumento para obstaculizar".
En el mismo mes, la Legislatura porteña logró aprobar una ley, impulsada por los bloques de la oposición, para regular la práctica de abortos no punibles.
En estos momentos es la justicia la que debe decidir cuál de los dos instrumentos es el que debe utilizarse, ya que legisladoras y ONG iniciaron procesos judiciales para impedir que se aplique el protocolo oficial, el cual de hecho, está suspendido.
La Corte insistió en su fallo en el que ordenó al Gobierno porteño poner a disposición de una mujer víctima de trata de personas los servicios de salud para la interrupción del embarazo.
Un relevamiento de la Asociación por los Derechos Civiles sobre cómo se aplica el fallo a nivel nacional, reportó que de las 24 jurisdicciones -más la nacional-, cinco poseen protocolos que se corresponden con lo establecido por la Corte; ocho regulan los permisos con exigencias que podrían dificultar el acceso al aborto y 12 (11 provincias más nación) aún carecen de protocolos.
Con los fallos del máximo tribunal "se clausura el debate de si los abortos no punibles, admitidos por nuestra legislación desde 1922, eran compatibles con la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos", agregó la abogada.
Por su parte, Marta Alanis, del grupo Católica por el Derecho a Decidir, consideró que "el fallo de la Corte ha sido el gran logro del 2012, y en el 2013, le toca al Parlamento, sin justificaciones ni dilaciones".
Ambas dirigentes coinciden en que la Corte dio "el puntapié inicial que permita el debate y posterior legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso de la Nación".