Primera vez sin piedad
El juicio por la desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos, secuestrado el 2 de febrero de 1978, en la ciudad de Tartagal, del norte de Salta, comenzó ayer a la mañana, con una numerosa manifestación en la puerta del Tribunal Oral Federal de la capital salteña.
Se trata del primer juicio oral y público que por lesa humanidad se realiza en Salta, por lo que una nutrida manifestación de familiares de desaparecidos, defensores y militantes de los Derechos Humanos y agrupaciones políticas se congregaron ayer a la mañana frente al edificio judicial.
La primera audiencia, cuyo inicio estaba programado para las 8 de la mañana, comenzó unos minutos antes de las 10, en la sala del Tribunal Oral Criminal Federal de Salta, en la capital salteña.
En un principio, el inicio del proceso oral estaba previsto para el lunes pasado, pero un pedido de la defensa de uno de los dos imputados lo dilató hasta ayer.
La secretaria de Derechos Humanos de Salta, María Pace, aseguró que tanto el organismo que está a su cargo como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y los organismos de familiares de víctimas del terrorismo de estado "venimos participando activamente de estos procesos".
En este sentido, consideró que lo que se procura es llegar "a estas instancias de debate oral y público, donde finalmente vamos a concluir el proceso judicial con una sentencia que nos llevará concretamente a la verdad, la justicia y la memoria para todos los desaparecidos durante la última dictadura militar".
Bustos fue secuestrado por un grupo comando en su casa, de la ciudad de Tartagal, que está a 365 kilómetros al norte de Salta Capital, el 2 de febrero de 1978, frente a su hijo Raúl Melitón Bustos, que en ese momento tenía 16 años.
Por el hecho están imputados los militares retirados Luis Angel Gastón Zírpolo y Carlos Alberto Arias, por el delito de "privación ilegítima de la libertad, agravada por el empleo de violencia y por su duración, en concurso real con el delito de homicidio doblemente calificado en grado de partícipe primario".
Tanto Zírpolo, que hoy tiene 72 años y que se encontraba en Tucumán, con prisión domiciliaria, como Arias, de 60 años y que permanecía detenido en Campo de Mayo desde 2007, cuando se dictó su procesamiento, revistaban en el Regimiento de Infantería de Tartagal al momento de la desaparición del escribano.
El tribunal está integrado por Roberto Frías, actual presidente del Tribunal Oral Criminal Federal de Salta; Jorge Luis Villada, que preside la Cámara Federal de Apelaciones de Salta; y la jueza del Tribunal Oral Criminal federal de Jujuy, Marta Liliana Snopek, estos últimos en calidad subrogantes.
La primera audiencia comenzó con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, que consta de unas 200 fojas, mientras que la presencia de los testigos en la sala de audiencia recién se espera a partir del próximo viernes.
La abogada querellante, Tania Kiriaco, calificó a este día como "un gran logro", tras una "espera pacífica" de 31 años, y consideró que existen pruebas suficientes para lograr una sentencia contundente.
Un importante operativo de seguridad protagonizado por personal de Gendarmería Nacional y la Policía Federal, fue montado en inmediaciones del edificio del Tribunal Oral Federal de Salta, ubicado en la intersección de calles Deán Funes y España.
Bustos, que trabajaba como docente, solía repudiar públicamente a la dictadura, y era escribano aunque su matrícula le había sido denegada por razones ideológicas, y sufría persecuciones desde mucho tiempo antes de su desaparición.
Según el expediente iniciado en 2003 por los abogados Tania Kiríaco y David Leyva, en representación del hijo del notario, los captores arrastraron al escribano semidesnudo hasta un automóvil marca Dodge 1.500 amarillo.
Las audiencias estaban fijadas hasta el miércoles 16 de diciembre, pero con la prórroga en su inicio, se extenderán hasta el viernes 18 del próximo mes, mientras que la declaración del hijo de Bustos, que estaba programada para ayer, en principio pasó para el viernes 27 de noviembre.
El pedido de Tobío, que fue recientemente designado como defensor de Zírpolo, se fundamentó en la necesidad de contar con algunos días para poder interiorizarse de los pormenores del expediente de la causa.
Se estima que unas 43 personas declararán como testigos en el marco de este juicio, entre los que se destacan el ex gobernador de Salta, Roberto Augusto Ulloa; y su ex secretario de Gobierno, Jorge Oscar Folloni.