Cárcel Común, Perpetua y Efectiva

Los abogados querellantes de la familia del desaparecido subcomisario de policía Ricardo Fermín Albareda iniciaron ayer la ronda de alegatos en el segundo juicio a Luciano Benjamín Menéndez pidiendo prisión perpetua para el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y otros represores involucrados en la causa.

La severa condena fue reclamada por los abogados Claudio Orosz y Martín Fresneda -integrantes de la agrupación Hijos- en el marco del segundo juicio que se ventila en el Tribunal Oral Federal Nro. 1 de Córdoba contra el genocida y otros cuatro ex uniformados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Los imputados son, además de Menéndez, el ex militar y responsable de la Policía provincial, Rodolfo Campos; y los ex policías Hugo Cayetano Britos y César Armando Cejas, mientras que para el quinto acusado, el ex policía Luis Calixto Flores, los querellantes pidieron 6 años de cárcel por privación ilegítima de la libertad.

Según el expediente, Albareda fue secuestrado, torturado y asesinado el 25 de septiembre de 1979 en el ex centro clandestino de detención conocido como "chalet de Hidráulica", ubicado cerca del paredón del dique San Roque, jurisdicción de la localidad de Villa Carlos Paz, por su militancia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Durante su alegato, Orosz sostuvo que está "comprobado" que el subcomisario Albareda "era un perseguido político" de la dictadura militar ya que por su condición de militante del PRT consideraban que pertenecía a las "filas de la subversión", agregando que los 4 ex policías participaron de su secuestro y asesinato.

El querellante cuestionó además la actuación que tuvo en este caso el ex juez federal número 3, Manuel González Pizarro, quien rechazó el habeas corpus que presentó la madre de Albareda, Bahía Blanca Kalemberg, porque el subcomisario realizaba "actividades subversivas" y que el Area 311 "tenía conocimiento" de ello.

Tras señalar que el comportamiento de este ex magistrado era una evidencia de la cadena de mandos existente en ese período represivo, el abogado recordó que el sobreviviente Carlos Raimundo "Charlie" Moore había asegurado en su declaración que el motivo del secuestro de Albareda había sido "su pertenencia al PRT".

En otro tramo de su alegato, Orosz dijo que también quedó probado que el represor Menéndez comandaba el Area 311 del Ejército cuyo objetivo era "el aniquilamiento del opositor político" e impartía instrucciones a la Policía y al Departamento de Informaciones (D2), que secuestró, torturó y asesinó a Albareda.

Recordó asimismo que al brindar testimonio ante el tribunal, el ex titular de la Dirección de Comunicaciones de la Policía, Francisco Alejandro Agresta, declaró que el director del D2, Juan Reynoso, le había mencionado que dejara de buscar al desaparecido Albareda "porque era de la guerrilla".

Tras expresar que "podemos decir con absoluta certeza que era un perseguido político" por su pertenencia al PRT, Orsoz recordó que el ex policía de la D2 y guardia del "chalet de Hidráulica", Ramón Roque Calderón, había declarado que Britos, Telledín, Flores y Romano habían llevado a Albareda hasta ese centro de detención y tortura.

En este juicio iniciado el pasado 20 de octubre se juzgan los casos Albareda, Morales y Moyano, donde el último viernes concluyeron con las instancias de probatorias testimoniales y documentales.

Según lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1), los alegatos continuarán hoy con las exposiciones de los abogados María Elba Martínez y Hugo Vaca Narvaja en representación de la familia de la víctima Raúl Morales; tras lo cual hará lo propio el fiscal federal Carlos Gonella.

El cronograma previamente acordado concluirá con los alegatos de los defensores Marcelo Arrieta, Alejandro Cuestas Garzón, Pedro Leguiza y Carlos Bustamante.